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La consellera, durante una reunión informativa sobre la Renta Valenciana de Inclusión. lp

El juez a un cargo de Igualdad: «¿Nadie fue capaz de decirle a Oltra que ya había una investigación abierta?»

El instructor admite que le resulta «inexplicable» todo el proceso de la conselleria y admite que es «poco tranquilizador» cómo se desarrolló la atención a la víctima

A. Rallo

Valencia

Jueves, 10 de marzo 2022, 01:02

Carmen Fenollosa, o mejor dicho la defensa de Carmen Fenollosa, cometió un error mayúsculo en su estrategia. Esto condenó a la directora territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas a pasar un verdadero mal trago delante del juez. Una situación angustiosa ante su incapacidad para ofrecer ... respuestas. Pero es que, además, lo hizo sin ninguna necesidad. La avalancha de documentos que presentó en el juzgado -destinados más a avalar la actuación de la Conselleria y por extensión de Mónica Oltra que a articular su propia defensa- abrió una puerta para que el instructor le preguntara por la famosa orden de protección que nadie afirma conocer, pero que llegó «y ahora sin ninguna duda», en palabras del juez, a la Conselleria de Igualdad.

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El interrogatorio del juez, espoleado por la entrega de todo ese material, no tardó en materializarse en preguntas realmente comprometidas para la dirigente. «¿Cómo es posible que Oltra manifieste que hasta el día 4 de agosto no tiene conocimiento de los hechos cuando el 28 de julio hay una resolución como esta -se refiere a la orden de alejamiento- tan determinante y tan clara?».

El instructor parece apuntar directamente a Oltra pese a que no figura como investigada en esta causa. Y es más, no puede estarlo. Debería ser el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el que la citara como investigada si considera que existen suficientes indicios de criminalidad en la actuación de la principal responsable del departamento.

De momento, el juez avanza en ese supuesto propósito. El pasado martes pidió la grabación de unas declaraciones de Oltra en las que asegura que el procedimiento abierto en agosto al margen de la investigación judicial era para aclarar la actuación de la conselleria en febrero de 2017 cuando concluyeron que el relato no era creíble.

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Este es uno de los aspectos primordiales de la investigación, donde también se analiza el retraso en la adopción de medidas de protección contra la menor. La orden fue el 28 de julio de 2017, pero hasta el 16 de agosto no se traslada a la adolescente. «¿Es que les llegan habitualmente medidas como esta y no se hace absolutamente nada?», llega a cuestionar el juez. «¿Cómo es posible que tampoco lo supiera la directora del centro?», insiste el magistrado.

Es cierto que las comunicaciones se producen en pleno verano. Pero eso no justificaría el retraso en un asunto de esta naturaleza. «En mi juzgado en julio también hay mucha gente de vacaciones», vino a decir el instructor para destacar lo inaceptable.

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Fenollosa no acertó a explicar esta situación más allá de indicar que el auto llegaría a la dirección territorial, pero no al resto de la cúpula de la conselleria, también la dirección general. «Cualquier persona que esté en la territorial si tiene dos dedos de frente deberá informar de esto, ¿no?», reflexionó. De igual modo, insistió en esta misma línea hasta acorralar a la directiva: «Vamos a ver, llega esto y ¿se mete en un cajón?, ¿qué pasa?, ¿cómo es esto posible? … ¿Esto no se eleva a los superiores o a la vicepresidenta?

«Para mí resulta inexplicable», resumió el juez en referencia a la apertura de un expediente por parte de la conselleria. También incide en el hecho de que no parece existir una resolución de la dirección general por la que se decreta la apertura de la investigación. Otra de las cuestiones que preguntaron a Fenollosa es por qué cuando Oltra propone que se realizaran esas actuaciones, «¿nadie es capaz de decirle que ya existían una diligencias de investigación penal? ¿Cómo es posible que nadie le advierta de esto?

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«Nadie lo supo decir», acertó a decir la responsable de Igualdad ante la avalancha de preguntas. «Esto es poco tranquilizador», le devolvió el juez. «Es inaudito que teniendo una conselleria nadie le informe». La causa cuenta ya con 13 investigados, 2 del centro de protección y 11 de la conselleria. En ese listado figura un alto cargo, Rosa Molero. Es la directora general.

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