El juez imputa a seis cargos de Igualdad por el caso de los abusos del ex de Mónica Oltra

El magistrado ha citado a declarar como investigados a los supuestos responsables de la actuación de la Conselleria de Igualdad. Los vinculados más directamente con este delicado asunto son Isabel Serra, directora territorial de Valencia de la Conselleria de Igualdad, a quien acompañará al juzgado una psicóloga de la sección del Menor de la conselleria y otra funcionaria, la persona que se encargó de la denominada información reservada 1/2017. Esta documentación fue lo que finalmente se calificó por la Audiencia como «instrucción paralela», unas acciones encaminadas a paliar una supuesta responsabilidad del departamento que dirige la vicepresidenta del Consell.

Además, como consecuencia de la acumulación de otra querella, el juzgado también ha citado como imputados a Carmen Fenollosa, la directora territorial de Igualdad de Castellón y a Francisco Soriano, jefe de sección del Menor del citado departamento. En total son ocho personas, entre cargos de Igualdad y personal del centro Niño Jesús donde se produjo el episodio de abusos.

El juzgado ha fijado las primeras comparecencias para el próximo 28 de febrero. Sorprende el horario de esta inicial hornada de declaraciones. Serán por la tarde, a partir de las 17 horas. Resulta excepcional citaciones de este tipo en un periodo donde el edificio se encuentra cerrado para los usuarios de las instalaciones. Otros imputados han sido citados el 2 y 3 de febrero, pero también en similar horario.

El juez de Instrucción 15 se vio obligado recientemente a reabrir la causa por orden de la Audiencia. El titular, con el visto bueno de la Fiscalía, había archivado la investigación a expensas de lo que resolviera el Supremo. La sentencia que condena a cinco años de cárcel a Luis Ramírez Icardi, exmarido de Oltra, está pendiente de la resolución del alto tribunal. Pero la Audiencia resolvió que se emprendieran estas diligencias con independencia de la casación.

El citado juzgado recibió recientemente otras diligencias abiertas en Instrucción 3. El titular de este órgano envió el expediente a su compañero porque ya existía una investigación previa que, en líneas generales, englobaba las mismas cuestiones. Así lo admite el último instructor en un auto notificado recientemente a las partes. «Existe una ampliación objetiva y subjetiva de la investigación -en referencia a la nueva denuncia- pero que inexcusablemente deben ser objeto de investigación en una misma causa».

La denuncia inicial, la de Instrucción 15, fue presentada por la propia víctima de los abusos, hoy ya mayor de edad. Está representada por el presidente de España 2000, José Luis Roberto. La otra querella, en la que inicialmente también se incluía a Mónica Oltra, fue instada por la asociación Gobierna-te, donde tiene un papel protagonista la comunicadora Cristina Seguí. El instructor ha acordado que esta entidad preste una fianza de 3.000 euros para ejercer la acusación popular. Disponen de cinco días para reunir el dinero o deberán abandonar la acción penal.

La vicepresidenta no figura como investigada. De hecho, no puede en este juzgado al tener la condición de aforada. En caso de que el juez, a medida que se practiquen estas declaraciones y avancen las pesquisas, apreciara indicios de criminalidad en la conducta de la consellera debería elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). En esa hipótesis, el TSJ puede asumir la totalidad del sumario o sólo la parte relativa a la aforada.

La menor, por su parte, mantiene abierta una reclamación administrativa de 240.000 euros al departamento de Oltra. Tal y como recordó la sentencia de la Audiencia, en este caso, todos los que tenían la obligación de proteger a la menor -la niña estaba tutelada desde los cuatro años - no creyeron nunca su versión. Las críticas a la actuación de la Conselleria fueron ratificadas posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia, un hilo argumental al que ya se había sumado la Fiscalía durante el juicio.