El juez cita al alto cargo relacionado con las ayudas a la familia de Puig

«Conforme a lo ordenado por la superioridad, continúese la tramitación del presente procedimiento. Recíbase declaración al querellado Rubén Trenzano, para lo cual se señala el próximo día 9 de julio a las 9.30 horas, en la secretaría de este juzgado». Así se señala en un auto del Juzgado de Instrucción 9 de Valencia, con fecha 7 de junio, la citación para que declare Trenzano, la mano derecha de Vicent Marzà en la Conselleria de Educación. La convocatoria es ante el juzgado de Instrucción 9, al que la Audiencia Provincial instó a retomar la investigación de un posible delito de falsedad documental. Será el 9 de julio. El PP se querelló contra el alto cargo de Educación por considerar que había mentido a través de un documento público para consolidar la idea de la falta de motivos para que los populares arremetiesen contra una serie de ayudas concedidas a empresas relacionadas con la familia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

La querella fue inicialmente admitida a trámite para posteriormente archivarse por parte de Instrucción 9. Sin embargo, los populares recurrieron el sobreseimiento, y un tribunal superior, la Audiencia Provincial de Valencia, obligó a reabrir la investigación al juzgado que ahora cita a Trenzano.

El pasado 23 de mayo, la Audiencia Provincial de Valencia emitió un auto en el que ordenó investigar si el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano cometió un delito de falsedad documental en un escrito sobre las ayudas al fomento del valenciano concedidas a empresas vinculadas a familiares del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

La sección cuarta de la Audiencia admitió el recurso de la portavoz adjunta del PP en Les Corts Eva Ortiz contra la decisión de desestimar la querella. El tribunal decido acordar la continuación de la causa, vinculada a las ayudas concedidas por la Generalitat en los años 2015 y 2016. Esa instancia de retomar la investigación judicial por parte de la Audiencia se traduce, ahora, en la cita a Trenzano para declarar el próximo día 9 de julio, martes.

El PP denunció en febrero del año pasado que Trenzano había mentido en acto administrativo, cuando en abril de 2018 afirmó en una resolución que se había hecho el control correspondiente de las ayudas dadas a Mas Mut Producciones y Comunicació dels Ports, las dos empresas vinculadas a «familiares directos» de Puig. El alto cargo, vinculado a Compromís, replicó a la dirigente del PP que no había evidencias de irregularidades.

Los populares consideraron que las comprobaciones a las que aludió Trenzano no se hicieron hasta julio, tal y como, según afirmaron, hizo constar la Abogacía de la Generalitat en su respuesta al recurso que interpuso el PP ante las «irregularidades» del expediente de esas ayudas. Según los populares, el director general de Educación rechazó en abril la querella en virtud de un control de las subvenciones que no se realizó cuatro meses más tarde.

«El escrito del 6 de abril de 2018 no contiene pues una declaración de voluntad o manifestación de opinión política, encierra textualmente la narración de unos hechos en principio contrarios a la verdad objetivamente demostrable, y por tanto es asimilable al delito de falsedad del artículo 390 del Código penal con independencia de las relaciones políticas entre las partes afectadas», señalaba el auto de la Audiencia que consideraba que el sobreseimiento del caso es «indebido en el incipiente momento procesal». El motivo de esa inoportunidad es que «el estado de cosas actual muestra la denuncia de unos hechos subsumibles en el delito de falsedad cometida en documento oficial».

Puig, cuando fue preguntado por esta situación hace un par de semanas, consideró que es «deleznable» que el PP utilice supuestas cortinas de humo para disimular los frentes judiciales que afectan a su gestión en el Consell. El dirigente socialista lo calificó de «vergüenza».