Camps, el obispo auxiliar y seis excargos declararán ante la jueza por la visita del Papa

La causa judicial por la visita de Benedicto XVI a Valencia se ha reactivado con la citación como investigados de responsables políticos y eclesiásticos del evento. Aquel acontecimiento para la ciudad de Valencia, que coincidió con el accidente de metro más grave de la historia de España, amenaza con atraer el foco de la corrupción de nuevo a Valencia. Desde hace más de un año, la causa apenas había experimentado movimiento. En su día, se comunicó a las personas afectadas que había un procedimiento abierto contra ellas por los contratos de la Fundación V Encuentro. Y la débil esperanza que algunos mantenían de no tener finalmente que comparecer ante la juez se esfumó ayer de golpe con la providencia de la titular del órgano.

Buena parte de la cúpula política y religiosa de hace una década desfilará por el juzgado de Instrucción número 5 de Valencia. El calendario de las declaraciones comienza el próximo mes de enero, tras las vacaciones de Navidad. El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y el que fuera su vicepresidente Víctor Campos, serán los últimos en visitar la Ciudad de la Justicia. Ambos exlíderes populares comparecerán el próximo 7 de febrero. En la lista de investigados políticos también figura el expresidente de Les Corts, Juan Cotino. No serán los únicos dirigentes afectados por esta batería de nuevas diligencias. Uno de los tres obispos auxiliares de Valencia Esteban Escudero y el exsecretario del Arzobispado Antonio Corbí, completan la nómina de los imputados más relevantes. Este último fue la mano derecha del que fuera arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco. Tras su fallecimiento fue sustituido por Carlos Osoro y a este le sucedió Antonio Cañizares. Esteban Escudero, tras un paso por Palencia, regresó como obispo auxiliar de la diócesis. Desde el Arzobispado declinaron ayer hacer declaraciones sobre decisiones judiciales.En la relación inicial de nombres que constituyeron el patronato figuraban el exvicepresidente Víctor Campos, la exalcaldesa Rita Barberá y el expresidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner. Escudero aparecía como responsable de la dirección de la entidad. Este asunto es diferente de la otra causa relacionada con la visita del Papa, que afecta al amaño de las pantallas y la megafonía del evento a favor de una de las empresas de la trama Gürtel. Esa instrucción está cerrada. Juan Cotino se enfrenta a 11 años de cárcel, mientras que el exdirector de RTVV Pedro García afronta 40 años de privación de libertad, entre otros acusados.

Las recientes pesquisas judiciales afectan a más personas por sus vínculos con la fundación. Debido a la gestión en la Fundación, también ha sido citada la que fuera secretaria general de la entidad, Henar Molinero. Se trata de una persona de la máxima confianza de Camps y también de Juan Cotino. El exconseller de Agricultura y expresidente de Les Corts también comparecerá porque se le atribuye un papel relevante en la toma de decisiones desde el órgano de contratación.El expresidente de la Generalitat Francisco Camps aseguró en su día que él solo fue presidente de honor de la entidad por lo que no tenía ninguna relación directa con su gestión o las posibles contrataciones que pudiera realizar. Además, expresó que estaba «completamente seguro» de que en esa fundación se hizo todo correctamente «y no se produjo ninguna irregularidad».

El caso tiene como uno de los puntos clave un informe de la Intervención de la Generalitat. De hecho, este especialista declarará como testigo. El informe de la Intervención detectó la «ausencia general de cumplimento de los procesos de legalidad que debieron ser aplicados en contrataciones». Es decir, la entidad funcionó como una empresa privada cuando, en realidad, todo el dinero procedía de diferentes administraciones. Acciona fue la firma responsable del suministro, colocación, limpieza y mantenimiento de sanitarios por 3,17 millones de euros; Cavaltour obtuvo un contrato por 1,7 millones para alojamiento hotelero; Zenithbrmedia fue la empresa encargada del asesoramiento, la planificación y compra de medios para una campaña publicitaria por 826.651 euros y la empresa pública Vaersa fue contratada por 519.011 euros para suministro de materiales y obras.

De hecho, dos exdirectores generales de esta última empresa pública, Felipe Espinosa y Enrique Simó, también se encuentran investigados. Los correos decomisados en el ordenador del primero de los responsables han aportado valiosa información al expediente judicial. En 2007, Espinosa envió un correo a su secretaria autonómica, María Ángeles Ureña, para comunicarle «el agujero económico» que había supuesto el evento religioso. «850.000 euros que están pendientes de pago», alertaba. De esa cantidad, se facturaron 520.000 euros a la fundación -no se habían pagado- pero otros 300.000 «no se han facturado a nadie». Espinosa ya auguraba algunas tinieblas en este asunto. «Creo que es un tema que no apetece que sea muy público». ¿Con quién se podría hablar para cerrar este tema como Dios manda?».

Anticorrupción ha presentado una serie de nuevas diligencias en el juzgado. La juez ha aceptado la mayor parte de ellas, aunque en una de las peticiones ha acordado resolver más adelante. Una de las primeras iniciativas que impulsó el fiscal y aceptó la instructora fue la elaboración de un informe sobre los correos electrónicos de Juan Cotino y Víctor Campos con los miembros de la fundación. Las pesquisas abarcan desde 2004 a 2014. Una década bajo sospecha.