Trenzano, a un paso del banquillo por dar subvenciones irregulares a Francis Puig

El juez que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de las ayudas para el fomento del valenciano a empresas del hermano del presidente de la Generalitat ha decidido procesar al director general de Política Lingüísitica, Rubén Trenzano, y lo deja a un paso del banquillo por un presunto delito de falsedad documental.

La denuncia, presentada por el PPCV ante el Juzgado de Instrucción número 9, ha investigado si la Generalitat llevó a cabo todas las operaciones de control en la entrega y justificación de subvenciones de las ayudas del valenciano que otorgó en 2015 y 2016. Entre ellas, las que se otorgaron a las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Producciones, ambas vinculadas a Francis Puig, hermano del jefe del Consell. Los hechos parten tras una solicitud de documentación por parte de la portavoz adjunta del PP en Les Corts, Eva Ortiz, que requirió a la Conslelleria de Educación, de la que depende Trenzano, el expediente de justificación de las sbvenciones. En ese momento, el director general de Política Lingüística aseguró en un documento oficial que la administración de la Generalitat había realizado las actuaciones de control que le correspondían conforme con lo establecido «en las órdenes citadas y la ley 1/2015, de 6 de Febrero sin que se haya detectado cualquier indicio que haga dudar de la veracidad de la documentación acompañada ni que justifique el inicio de un expediente de devolución de las subvenciones concedidas», dice el auto de procesamiento.

Sin embargo, según el escrito del juez, el alto cargo «falta a la verdad» en la narración de los hechos de la carta, del documento sobre el cual se centra la investigación, porque, «a la vista de las diligencias de investigación practicadas, las fechas en que se produce la carta y la fecha en que vienen a realizarse las actuaciones de control efectivas respecto de la concesión de las subvenciones a las dos sociedades reiteradamente mencionadas no parece corresponderse lo afirmado en la carta con la realidad de lo acontecido». Según el juez, esto «ofrece indicios suficientes de ausencia de verdad en el documento litigioso respecto de las operaciones de control practicadas en el momento oportuno, aunque sí posteriormente, y a satisfacción por la documentación acompañada en los autos». Por tanto, propone que se siga adelante con el proceso y deja a un paso del banquillo al director general. Además, el juzgado de instrucción número 4 ya investiga otra causa por las mismas ayudas.

La querella de los populares sostenía que Trenzano mintió en un acto administrativo, cuando en abril de 2018 afirmó en una resolución que se había hecho el control correspondiente en las firmas Mas Mut Producciones y Comunicació dels Ports, vinculadas a «familiares directos» de Puig, y que no había evidencias de irregularidades. Siempre según la versión del PP, esas comprobaciones no se hicieron hasta el mes de julio, tal y como, según afirmaron, hizo constar la Abogacía de la Generalitat en su respuesta al recurso contencioso-administrativo que interpuso el PP ante las «irregularidades» del expediente de esas ayudas.

Para el juez, lo que hay que dilucidar en un posible juicio es si la carta en que se basa la parte denunciante para solicitar el encausamiento del denunciado, en su condición de cargo público, contiene o no una declaración de voluntad que encierra la narración de unos hechos «en principio contrarios a la verdad».

En un primer momento, el Juzgado de Instrucción número 9 de València decidió sobreseer el procedimiento al entender que las manifestaciones de Trenzano debían encuadrarse «en el ámbito de las declaraciones con carácter político, administrativo y más propio de la disputa política», cuyo foro de tratamiento es la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, tras estudiar el recurso de apelación del PP, decidió revocar el archivo y ordenar la continuación de la causa por la que ahora se dicta auto de procesamiento.