El juez desmonta la investigación de Igualdad de los abusos del ex de Oltra

Maite, es la joven agredida que hoy es ya mayor de edad. Siempre, desde los cuatro años, ha estado en centros de protección. Su padre, por ejemplo, estaba en la cárcel. Nadie de su familia quería hacerse cargo de ella. En esa situación de absoluto desamparo le cuenta «a una amiga, a su novio, a los padres de este y a dos trabajadores de un centro de DIA» que no quiere regresar al centro Niño Jesús porque sufría abusos sexuales por parte de un educador del turno de noche.

Para todas las personas a quienes comunicó el suceso, «su relato era creíble», como más tarde también lo fue para la perito del Instituto de Medicina Legal, recuerda el juez.

Los hechos eran lo suficientemente relevantes - «en cualquier caso es relevante un presunto abuso sexual a una niña»– y los trabajadores del Centro de Día lo pusieron en conocimiento de la directora del Niño Jesús y esta, de inmediato, los trasladó a su «superior», la técnico de la conselleria que se encargaba de ese centro quien, a su vez, lo comunicó «a sus superiores».

El presunto abusador estaba plenamente identificado: Luis Ramírez Icardi. Pero esos datos nunca se revelan al completo en la documentación que se envía a la conselleria. En las declaraciones en el juzgado se ha visto cómo prácticamente todos los cargos de Igualdad aseguran que se enteraron de este vínculo mucho tiempo después de los hechos. Alguno no sabe ni siquiera cuándo se percató. Otros, en cambio, admiten que por la prensa, casi dos años después del suceso.

«El educador estaba casado en esos momentos con Oltra y esto era conocido en el Niño Jesús». A continuación, añade el juez, «inexplicablemente se trató de restar credibilidad a la menor». Incluso se le atribuyen frases en este sentido a una técnico que fue la primera que creyó a la niña.

Tras la primera alerta, se concertó una cita con una psicóloga de Igualdad «que no era experta en abusos». No abordó el tema conflictivo y no hizo ni siquiera un informe sino «una diligencia». La directora del centro también se entrevistó con la adolescente y pese a ser experta «no tomó ninguna iniciativa» para «desvelación» de los abusos, tal y como señalaba su protocolo de actuación. Un documento de un folio. Sólo separó al educador. La psicóloga de las dependencias tampoco introdujo el asunto capital en su evaluación de la joven.

Y desde la conselleria –también «inexplicablemente»– se decide no derivar a la menor a Espill, los profesionales con los que existía el convenio de atención. Desde Igualdad apuntaron que había que hablar de nuevo con los técnicos del centro de DIA que sí creyeron a la menor, pero en un informe se les atribuyen frases relativas a la falta de credibilidad de Maite.

Con este «nulo bagaje», el educador es llamado para que regrese al centro y se le pide –ya cerrado el asunto– que haga un informe de lo que pasó. Lo entrega con un encabezamiento que él mismo elabora: «Protocolos y modos de acción de los educadores de noche». Incluso, en una acción desconcertante, le pregunta a la directora si debe añadir algo más.

Todo esto beneficiaba –según el juez– al educador, «pero no puede negarse» que también a la consellera Oltra «ante la carencia de cualquier protocolo para proceder en supuestos tan graves». Prueba de esto, recoge el escrito, son «los repetidos ataques de los que ha sido objeto tras llegar los hechos a la opinión pública».

Lamentablemente para el sistema y afortunadamente para la menor, los hechos se conocieron de forma «absolutamente casual» cuando dos agentes de la Policía Autonómica que fueron al centro por otro motivo tomaron nota del testimonio de la víctima. Y eso pese a que la directora les dijo que eso ya estaba investigado y no tenía credibilidad. La Policía cumplió con su deber, y llevó el caso a Fiscalía. Quizá por primera vez en su vida, la suerte favoreció a Maite.