El juez encarga a la Guardia Civil la investigación a la empresa de la exdirectora del Instituto de las Mujeres

El juez acepta de esta forma la inhibición que efectuó un juzgado de Valencia al sostener que la empresa tenía su sede social en otro partido judicial. Sin embargo, el titular de Mislata plantea dudas acerca de su competencia porque la sociedad bajo sospecha recibió encargos desde otras provincias, entre ellas, Madrid. En este sentido, el magistrado ha pedido un informe al ministerio fiscal para que explique si deben aceptar las diligencias.

Además, frena la declaración de García y de su pareja como investigadas. Prefiere que la Guardia Civil corrobore la información que aparece en la denuncia que ha presentado Manos Limpias. En un principio, aparecen «datos que aparentemente podrían sustentar las irregularidades denunciadas». Por ejemplo, entre la documentación se recogen los nombramientos y ceses de los cargos políticos, la realidad de la adjudicación de diversos contratos publicados por las respectivas administraciones y que las dos sospechosas son titulares de la mercantil beneficiada, Elig Consultoría.

El instructor opta por ser cauteloso antes de la citación de los dos empresarias debido a la magnitud de las acusaciones. En cambio, sí les da traslado de la denuncia existente para garantizar que puedan personarse y ejercer su derecho de defensa. La denuncia apuntaría hacia la comisión de los delitos de falsedad en documento público, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros ilícitos penales. Pero se trata de un escrito que únicamente recopila hechos, de apariencia presuntamente delictiva, pero sin establecer nexos causales.

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A. Rallo

La sociedad de García recibió contratos valorados en cerca de 150.000 euros de Ayuntamientos valencianos –casi todos gobernados por el PSPV– y de la Conselleria de Igualdad. Alguno de ellos incluso cuando la denunciada ya era cargo público en el Ministerio de Igualdad.

Isabel García acumulaba una larga trayectoria política de más de una década vinculada al PSPV. La ahora ex alto cargo -dimitió nada más aparecer las primeras informaciones periodísticas- había sido diputada provincial del PSPV, concejala en el Ayuntamiento de Xirivella y asesora del Ministerio de Transportes de la mano precisamente de José Luis Ábalos. La empresa la creó el 14 de febrero de 2022. Su pareja también desempeñó durante un tiempo su labor de asesora en el Senado. Ambas estaban inmersas en la primera línea política.