El juez entierra la ofensiva de Compromís contra los profesores de religión

La última ofensiva judicial de Compromís contra los profesores de Religión ha llegado a su fin. El juez de Instrucción 16 de Valencia ha archivado la causa. El asunto parte de una denuncia del partido político en la Fiscalía de Valencia. El fiscal encargado de las pesquisas, Vicente Torres -hoy magistrado por la cuota autonómica en el TSJ- presentó una querella a mediados de 2018. Tras una instrucción de más de dos años, la fiscalía ya no ve indicios de criminalidad. De esta forma, se borra cualquier sospecha sobre la actuación de Santiago Martí, el ex director general de Centros y Personal Docente de la Conselleria, y de Rafael Cerdá, el presidente de la comisión diocesana de Religión, ahora denominada de Enseñanza y Pastoral Educativa.

La denuncia recogía que una veintena de profesores de religión cobraron su sueldo cuando en realidad no daban clase en centros públicos sino que trabajaban para las respectivas diócesis. La acusación sostenía que una comisión de servicio no es una figura valida para las relaciones entre la Administración y la Iglesia. El ministerio público les acusó de malversar 750.000 euros. Sus salarios y los de sus sustitutos en los centros durante un año.

Fue Isaura Navarro la encargada de denunciar este caso en la fiscalía y de organizar una rueda de prensa para cuestionar la actuación del Arzobispado y la Conselleria de Educación, en 2014, en manos de María José Catalá. Tras la declaración judicial de los docentes y el análisis de determinada documentación, se procedió a archivar las actuaciones contra todos los docentes, representados por el abogado Juan Molpeceres. Ninguno de ellos había solicitado la citada comisión. Es más, varios afirmaron desconocer qué era esta figura.

No obstante, la causa se mantuvo abierta contra Martí y Cerdá. El ministerio público informó recientemente a favor del carpetazo definitivo a estas diligencias. El juez respalda esta posición.

El auto del juzgado no aprecia prevaricación en estos hechos. El supuesto adolece del elemento subjetivo del delito. Es decir, alguien que dicta una resolución a sabiendas de su ilegalidad no promueve una norma legal para dar cobertura a esta situación, tal y como sucedió. De hecho, las comisiones finalizaron de inmediato tras un informe jurídico en el que se alertaba de la falta de amparo legal.

Además, tal y como recuerda la fiscal en su informe, esta decisión no era algo nuevo e inesperado sino que buscaba, en cierta medida, solucionar algo que se aplicaba desde hace casi dos décadas como que estos profesores, en realidad, se dedicaban a labores de coordinación. Así se pretendía equipararlos con otros coordinadores.

De igual modo, tampoco existe malversación de la que inicialmente acusaba el ministerio público. La extensa instrucción ha permitido concluir que buena parte del trabajo que desempeñaban estos profesionales era al servicio de la Conselleria de Educación. «La coordinación del profesorado de religión en materia de plantillas, sustituciones, bajas, materia a impartir o a la formación del profesorado de religión».

El último de los delitos, fraude a la administración, tampoco queda acreditado. Esto supondría un engaño que nunca pudo producirse porque no hubo ánimo de ocultar la decisión. Más bien todo lo contrario. Se trató de resolver una situación heredada de anteriores legislaturas.