El juez del caso Francis Puig admite un error y anula la prórroga de la investigación de las ayudas

La nulidad de esta resolución se ha acordado con el informe favorable de la Fiscalía. Las defensas recurrieron el auto porque no se les dio traslado en su día de la petición del ministerio público en la que reclamaba un periodo extra de seis meses en la instrucción, petición a la que se adhirió el PP. La fecha límite se extendió entonces hasta el mes de julio, aunque no es necesario agotar el plazo. La instrucción se puede dar por finalizada en cualquier momento.

Las defensas entienden ahora que este error del juzgado en la notificación, que el propio instructor reconoce en su auto, impide decretar la prórroga porque ya se ha visto superado el plazo anterior. El juez admite que la petición de la Fiscalía no se trasladó a las defensas pese a que estaba ya firmada.

Reconocido el fallo ahora es el momento de examinar las consecuencias. La defensa de Francis Puig lo tiene claro. Esto no puede ir en contra de los investigados. "Desconoce esta parte qué error involuntario ha motivado la situación actual, pero resulta pacífico que ello no puede ir en perjuicio de los investigados y su derecho de defensa".

De hecho, se opone a la prórroga que, de nuevo, ha solicitado el ministerio público con el apoyo, una vez más del PP. De seguirse el criterio de las defensas, la causa se quedaría sin la posibilidad de nuevas diligencias, pero sí se mantendrían todas las acordadas hasta el momento como los dos informes a la Intervención de la Generalitat valenciana y catalana, análisis que se antojan fundamentales en el futuro de las pesquisas.

Este escenario, la posibilidad de que no se renueve el plazo de las pesquisas, no necesariamente ha de ser positivo para los investigados. El tiempo de instrucción no sólo es para reunir pruebas de cargo sino también diligencias exculpatorias. Fuentes judiciales consideran que una vez recibidos los informes de Intervención, si recogen los indicios que se apuntaron al inicio de la instrucción, se podría dictar el equivalente al auto de procesamiento. En caso contrario, el juzgado tendría que decretar el sobreseimiento.

La defensa de Francis Puig sostiene que las dos periciales contribuyen a dilatar la instrucción de manera innecesaria. Es más, apunta que la Generalitat de Cataluña, siempre según su escrito, ha desistido del informe que se le encargó. Una situación inédita que un organismo oficial rechace el encargo judicial. Respecto a la Intervención de la Generalitat se da la circunstancia de que parece que incluyeron una subvención de 2015 que no consta en las pesquisas de Instrucción 4. Aprovecha el letrado para instar a que citen a los responsables de esa ayuda que se concedió cuando gobernaba el PP.

El instructor acordó la prórroga tras las dilaciones que había registrado la causa por la dificultad de incorporar el «material probatorio necesario para la investigación» y también al estar pendientes diligencias que pueden desencadenar la necesidad de nuevas pruebas, según admitió en su día el juez en la resolución que ha quedado sin efecto.

Desde la Generalitat catalana ya se pusieron en contacto con la representación legal de Francis Puig para reclamar determinada información. El organismo valenciano tiene el compromiso de presentar su informe el próximo mes de febrero, tal y como informó LAS PROVINCIAS. Justo tres meses antes de los comicios municipales que muy probablemente irán unidos a los autonómicos.