El juez de Imelsa imputa a otros cuatro arquitectos por obras de Ciegsa en Burriana y Xirivella

La investigación de los sobrecostes en colegios impulsados por la empresa pública Ciegsa es el asunto que más novedades registra en los últimos meses frente a la parálisis que afecta a otras piezas derivadas de la macrocausa de corrupción de Imelsa. El titular del juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha imputado a cuatro arquitectos, responsables de las edificaciones que la empresa pública llevó a cabo en Burriana y Xirivella. La citación se produce después de que hayan llegado al juzgado informes periciales en los que se cuestionaría determinados sobrecostes en la actuación.

Una de las hipótesis que maneja tanto la Fiscalía Anticorrupción como los especialistas de la Guardia Civil consiste en que las adjudicatarias pagaban comisiones por obtener las obras y luego se les compensaba con modificados innecesarios o autorizados al margen de la ley. El tope de los sobrecostes se sitúa en el 20%. Ese es el límite porque a partir de ese porcentaje se puede rescindir el contrato o se requiere de un informe especial siempre que el servicio inicial supere los seis millones de euros.

El juez completa la comparecencia de los dos investigados, los arquitectos del centro educativo de Burriana con la responsable de la firma constructora BM3. Todos supuestamente elaboraron el informe final de obra. Esta firma constructora ya se ha visto salpicada por los presuntos amaños en las obras de la Concejalía de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia en la época de María José Alcón. Respecto a las otras dependencias, el instituto levantado en Xirivella, se cita a la responsable de la empresa Sedesa, otra de las firmas señaladas en la caja B del PP de Valencia.

La Intervención elaboró recientemente un informe de las actuaciones en Burriana. El órgano auditor encontró numerosas irregularidades en la tramitación de este proyecto. Entre ellas, por ejemplo, que los pliegos contemplaran que el consejero delegado de Ciegsa fuera a su vez presidente de la mesa de contratación (propone la oferta) y del órgano de contratación, que es el que resuelve. Hay que recordar que el consejero delegado de Ciegsa era Máximo Caturla, uno de los supuestos cabecillas de la trama del PP en la empresa de los colegios. El otro máximo responsable implicado en esta pieza separada es el expresidente de la Diputación Alfonso Rus. Existe otra pericial, la del instituto del Cabanyal que arroja 1,7 millones de euros de diferencia entre la obra abonada por la empresa pública y lo que se ha podido certificar como actuaciones comprobadas y corregidas. Las declaraciones están previstas para el próximo mes de septiembre. Al margen de las irregularidades en las edificación de centros públicos, Anticorrupción también investiga la colocación de personas en Ciegsa sin un cometido claro o por afinidades políticas.

La construcción de colegios en la época del PP siempre ha estado bajo la sombra de la sospecha. La oposición ha insistido hasta la saciedad en un informe de la Intervención que alertaba de 1.000 millones de sobrecostes en la edificación de colegios. La realidad es que el dosier nunca ha recogido esa cifra. De hecho, los sobrecostes son un 70% menos.