El juez impone 300 euros de multa al exgerente de Divalterra por no acudir a declarar

El primer cogerente de Divalterra durante la pasada legislatura, el socialista José Ramón Tiller, debía acudir ayer a la Ciudad de la Justicia de Valencia para declarar como investigado en el caso Alquería, la causa abierta para aclarar las contrataciones irregulares en la empresa pública de directivos afines al PSPV y Compromís. Tiller, sin embargo, no compareció.

A la puerta de la Sala donde se iba a celebrar la declaración aguardaban los letrados que intervienen en el asunto. La ausencia del gerente supuso una pérdida de tiempo para el juez, el fiscal, los funcionarios y los abogados. El instructor dictó ayer mismo, horas después de la incomparecencia, una providencia en la que le impone 300 euros porque al cargo socialista le notificaron correctamente la citación. Y, además, aprovecha para convocarle de nuevo en el juzgado. En esta ocasión le advierte de que, en el caso de no acudir, se le imputará un delito de obstrucción a la Justicia y será detenido para ser puesto a disposición judicial.

Al parecer, el abogado de Tiller había presentado un escrito en el que solicitaba el aplazamiento, pero el letrado no estaba ni siquiera personado en las actuaciones. Tiller era una de las personas de confianza de José Manuel Orengo, exnúmero tres del PSPV y exjefe de gabinete del expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, el principal investigado en este asunto. La comparecencia del exgerente se acordó a petición del fiscal Anticorrupción después de que algunos de los altos cargos que declararon la semana pasada en sede judicial explicaran al instructor que el puesto en Divalterra se lo ofreció el propio Tiller o que este participó en el proceso de selección, en realidad, esto se limitaba a una entrevista.