El juez imputa a dos arquitectos por los sobrecostes de los colegios de Ciegsa

valencia. El juez encargado de la instrucción del caso Imelsa se ocupa también del análisis de los sobrecostes en los colegios construidos por Ciegsa. Pese a que una comisión de investigación en Les Corts concluyó que hubo un agujero de 1.000 millones en sobrecostes de los centros educativos, la realidad es que el informe los cifraba en 309.

En cualquier caso, esa desviación de dinero a favor de las empresas constructoras es lo que se investiga en el juzgado. En estas diligencias, el juez acaba de citar como investigados a dos arquitectos que participaron en las actuaciones del IES del Cabanyal, el único centro auditado hasta la fecha por la Intervención. Declararán en el juzgado el próximo 10 de junio. Anticorrupción quiere averiguar por qué firmaron los certificados de obra. Y es que los resultados del dossier invitan a la sospecha. La empresa encargada de la actuación fue BM3 Obras y Servicios. Dos de sus directivos han sido citados también para que acudan a las dependencias judiciales.

Los especialistas de la Intervención advierten en su informe de que existe una desviación de aproximadamente 1,7 millones de euros entre la obra abonada por la empresa pública y lo que se ha podido certificar como actuaciones comprobadas y corregidas.

Una de las hipótesis que comparten Anticorrupción y la Guardia Civil es que las adjudicatarias pagaban comisiones y luego se les compensaba con modificados innecesarios o autorizados al margen de la ley. Además, este contrato, de cerca de 10 millones de euros, se dio sin ningún tipo de concurso público, algo impensable en la Administración.

El tope de los sobrecostes se sitúa en el 20%. Ese es el límite porque a partir de ese porcentaje se puede rescindir el contrato o se requiere de un informe especial siempre que el servicio inicial supere los seis millones de euros. Así, en el caso del IES el Cabanyal no se cumplió con ese requisito porque el porcentaje acumulado en los diferentes sobrecostes fue del 37,38%.

Los peritos separan en dos grupos las actuaciones que se llevaron a cabo con los modificados, algunas de las cuales no se ajustan a las razones de interés público, necesidades nuevas o causas imprevistas, motivos que sí permiten ampliar el objetivo original.