El juez imputa a la candidata de Podemos en Valencia por un convenio de Educación

La investigación del convenio de 100.000 euros que el Ayuntamiento de Valencia firmó con José Manuel Rodríguez, el titular de Sociología de la Universitat y exmiembro de la dirección autonómica de Podemos, suma ya un nuevo investigado. Se trata de María Oliver, concejal de Educación del Consistorio, perteneciente a la formación morada y candidata del partido a las elecciones locales de mayo.

El juzgado de Instrucción número 19 de Valencia ha dictado una providencia en la que acuerda la citación de la edil y actual portavoz de València en Comú (marca con la que se presentó Podemos en 2015) el próximo 10 de abril. Comparecerá como imputada y acompañada de su letrado. La política estaba personada en la causa desde que se abrió la investigación a raíz de una denuncia -una más- del asesor del PP Luis Salom. Pero el juez ha optado primero por practicar una serie de dligencias, como reclamar documentación al Ayuntamiento y a la institución académica, antes de convocar a la concejal.

La instrucción debe determinar si las irregularidades detectadas son constitutivas de delito. Porque hasta la fecha, los indicios recogidos en la denuncia inicial y algunas cuestiones que han salido a la luz tras la citación de testigos, revelan una forma de actuación ciertamente mejorable. En su día, el PP ya alertó de la circunstancia de que la edil que firma el convenio lo diera a un ex alto cargo de su formación. Además, se ponían en duda las escasas competencias en esta materia del Consistorio y la necesidad de un mapa escolar cuando la mayoría de las cuestiones recaen sobre la conselleria de Educación. De hecho, el magistrado ya reparó precisamente en esta cuestión y encargó a los responsables del Ayuntamiento un informe acerca de las competencias para un estudio de estas características.

Otro de los afectados por la investigación judicial es el profesor de la Universidad José Manuel Rodríguez. Su minuciosa declaración como investigado dejó algunos interrogantes. Por ejemplo, que existen justificaciones de gasto en profesores cuando él mismo se comprometió a que ningún docente que participara en el proyecto recibiera una remuneración. Y, al parecer, así fue. El titular aportó documentación que acreditaría este extremo. Sin embargo, al Ayuntamiento le constan computados una serie de horas de trabajo de los profesores que, en realidad, son inexistentes. Este tipo de justificación supuestamente permitía conseguir los fondos públicos, aunque se destinaran a otro tipo de iniciativas relacionadas con el proyecto. Esto ya despertó las sospechas en el juez, que encargó el detalle de todos los abonos y cargos que se efectuaron.

El objetivo es cotejar todos los gastos y averiguar si alguno no se corresponde con el objeto de estudio. La investigación judicial también ha desvelado algunas irregularidades en la contratación de servicios. Por ejemplo, las de la empresa que realizó una serie de visitas a colegios de Valencia. La firma fue contratada gracias a una llamada de teléfono. El propio beneficiado admitió que era conocido del profesor podemista desde hace más de 20 años. Reconoció al juez que más allá de la llamada y de unos correos electrónicos no hubo más soporte documental para motivar la contratación de su mercantil. No parece el método más transparente si el pago se efectúa con dinero público.

La imputación de Oliver llega unos días después de que Podemos la proclamara oficialmente candidata a la alcaldía de Valencia tras ganar un proceso de primarias en el que no tuvo contrincantes directos. Además, esta investigación llega en un momento delicado para la formación, que afronta la cita con las urnas con una imagen de división a raíz de la crisis desatada en Madrid tras la salida de Íñigo Errejón.