El juez imputa al diputado Rius por adjudicar catálogos meses después de imprimirse

El magistrado del juzgado de Instrucción Número 1 de Valencia ha emitido un auto por el cual cita Xavier Rius en calidad de investigado, lo que antiguamente se denominaba imputado. La situación se genera tras la denuncia que interpuso hace meses el PP a causa de las irregularidades detectadas en la adjudicación de unos catálogos para una exposición del MuVIM. Los catálogos se imprimieron antes de que se adjudicase el servicio, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS, una anomalía que provoca que Rius, portavoz de Compromís en la Diputación de Valencia y responsable en la corporación provincial del área de Cultura, sea llamado a declarar el próximo 13 de marzo como imputado. La condición de investigado no es nueva para Rius, que la atesoraba ya desde que en septiembre del año pasado el titular del juzgado de Instrucción Número 7 de Valencia lo citase a declarar como investigado a causa de un fraccionamiento de contratos para encargar el servicio de guías en la exposición permanente del mismo museo, un caso por el cual el director del MuVIM, Rafael Company, también está llamado ante el juez.

La providencia del magistrado José Luis Rubido, con fecha del pasado jueves, señala que «dada cuenta, visto el estado de las actuaciones, cítese ante este juzgado a Xavier Rius», así como a los dos impresores, «para el próximo día 13 de marzo», con el objetivo de «recibirles declaración en calidad de investigados».

La querella que propicia esta nueva imputación de Rius se ratificó el pasado mes de junio y está motivada por anunciar un proceso de contrato menor (sin concurso público) a una empresa para realizar una serie de catálogos a pesar de que el trabajo estaba impreso previamente. La portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, interpuso una querella contra Rius y los titulares de las empresas vinculadas a la impresión del catálogo. Les acusa de presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación y tráfico de influencias. Son los mismos supuestos delitos que tres meses antes se le atribuyeron también al propio Rius con motivo de la contratación del servicio de guías del MuVIM. En la querella del PP, toda la concatenación de impresiones previas a la adjudicación del servicio se consideraron que podrían ser «constitutivas de un delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos, uno o varios delitos de falsedad documental y también de tráfico de influencias».

De este modo, los populares reclamaron que se tome declaración a Rius, el administrador de la imprenta y a su hija en calidad de investigados, mientras que como testigos pide que declare la dirección del museo. Y efectivamente, el magistrado del Número 1 de Valencia cita a Rius y a los impresores para declarar en la Ciudad de la Justicia el 13 de marzo.

En un primer catálogo se explica que el volumen «se terminó de imprimir» por parte de la imprenta adjudicataria «en el mes de marzo de 2016». De hecho 'La modernitat republicana a València. Innovacions i pervivències en l'art figuratiu (1928-1942)' se pone a la venta y se indica que su fecha de publicación es del 1 de abril. Además, en la semana de actividades complementarias a la exposición, el museo anunció la presentación del catálogo el 14 de abril. Hasta ahí la realidad.

La primera edición del catálogo se imprimió en marzo. Sin embargo, la propuesta de contratación de ese servicio, con la fórmula de contrato menor (a dedo, a criterio de los gestores públicos, sin concurso) es del 21 de abril. La propuesta de decreto, firmada por el propio Rius, es de 22 de abril. Como mínimo, tres semanas después de acabar de imprimirse. La adjudicación definitiva se produjo a principios de julio, tres meses más tarde de estar finalizado el trabajo de impresión.

En la propuesta de decreto que firman Rius y el director del MuVIM, Rafa Company, se considera que «Martin Impressors es la entidad más adecuada» para realizar los trabajos. «Hay empresas que a su vez tienen varias firmas y no puedes evitar que se presenten a varios concursos», señaló Rius el 24 de enero del año pasado, cuando este periódico le preguntó por una tramitación donde, además, constan dos ediciones de este mismo catálogo.

La primera impresión se adjudicó a Martín Impresores (en realidad, después de que se realizase el trabajo, tal y como consta en el propio catálogo de la exposición). La segunda tanda se encargó a Campgráfic. Las dos adjudicatarias son del mismo administrador, y ambas están vinculadas a una de las empresas a las que la Diputación asegura que solicitó presupuesto alternativo. Las firmas contratadas no se presentaron «a varios concursos», tal y como señaló Rius, porque no hubo ningún tipo de concurso público. El contrato menor, fórmula a través de la cual se adjudicaron los dos encargos, exime de concursos. Ni siquiera es necesario legalmente pedir presupuestos a otras empresas. Sin embargo, en el expediente de contratación constan otras ofertas que, no obstante, en dos de los casos, están relacionadas con las adjudicatarias, pues llegan a compartir teléfono y dirección.

Interrogado en septiembre de 2016 por LAS PROVINCIAS sobre si conocía las contrataciones, Rius aseguró que «como diputado no participo en la parte técnica, ni digo lo que deben hacer los equipos de los museos. Si dicen que se debe hacer una reedición de ejemplares, pues de acuerdo, se hace a través de una gestión, la de pedir presupuestos y se escoge el más económico y se encarga. Y ya está». Ahora deberá ratificar esta versión ante el juez de Instrucción 1 de Valencia, el próximo 13 de marzo.

La primera edición del catálogo se terminó de imprimir en marzo de 2016. Sin embargo, el decreto que aprueba ese encargo es del 5 de julio. La segunda tanda acabó de realizarse en mayo, según consta en el propio catálogo; sin embargo, se acaba de imprimir mientras a la Diputación de Valencia continúan llegando presupuestos pedidos por el MuVIM, que en el expediente de tramitación aparecen con fecha del 23 y 24 de mayo de 2016. Una de esas ofertas supuestamente alternativas se pide a un familiar de las dos firmas elegidas para realizar sendas impresiones. El informe del servicio de Intervención de la Diputación de Valencia autorizando la reedición es del 3 de junio. Hasta el 14 de junio no reciben el visto bueno de los interventores para hacer la propuesta de decreto, que finalmente se publica el 8 de julio. De este modo, acabaron de imprimir dos meses antes de que se publicase la autorización legal.

Este periódico ya publicó en septiembre de 2016 la extraña circunstancia de que dos ediciones de un mismo catálogo se encargasen a un par de empresas que en realidad eran del mismo administrador. A raíz de aquella información, la Secretaría de la Diputación de Valencia paralizó las facturas hasta recibir garantías de que no se trataba de un fraccionamiento de contratos. En octubre de aquel año, el director del museo, Rafa Company, elaboró un informe donde relata la tramitación, si bien maneja algunas fechas de difícil encaje con la realidad.