Una directora general de Sanidad, imputada por la falta de medios contra el Covid

La falta de medios de protección que padecían los sanitarios en el inicio de la pandemia ya ha deparado las primeras consecuencias judiciales. El juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha citado como investigados a la directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad, Carmen López, y al director gerente del departamento de salud Alicante-Hospital General, Miguel Ángel García, tras una querella por la carencia de equipos de protección y de test para los profesionales sanitarios. La denuncia se presentó inicialmente en Alicante, pero el órgano se inhibió a Valencia donde está la sede del departamento autonómico.

Las comparecencias se han fijado el próximo mes de diciembre. Se da la circunstancia que el hospital de Alicante presenta una de las ratios de contagio más altas de España. La media nacional tampoco obtiene buen resultado si se compara con los positivos en otros países de Europa.

La querella repasa cronológicamente el inicio de la emergencia sanitaria y las demandas de medidas de prevención. Recuerda que el día 31 de enero, el sindicato CSIF ya reclamó a la conselleria la necesidad de formación y equipos de protección. En febrero, un informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) concretaba qué protecciones eran necesarias para tratar con los pacientes así como el número de equipos de protección, según la incidencia del virus. Un mes más tarde, el mismo organismo emitió un nuevo dosier con más indicaciones al respecto. En marzo, el Gobierno publicó un documento sobre los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente al Coronavirus.

Sin embargo, todos estos protocolos, al parecer, se mostraron insuficientes. La querella recopila todas las reclamaciones de colectivos sanitarios por la carencia de medios. En marzo, el sindicato CESM pidió a la consellera que rectificara su afirmación de que los médicos se contagiaron «por hacer viajes o ver a familiares» y que suministrara equipos de protección. El CSIF, en abril, exigió test masivos al personal para «romper la cadena de contagios». También alzaron la voz los Consejos Generales de Dentistas, Enfermeros , Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios. Su diagnóstico era similar: lamentaban la carencia de medios y el riesgo que sufrían.

A principios de abril, con los preocupantes datos sobre la mesa -140 casos confirmados en Alicante (Hospital General) y 682 en cuarentena–, Intersindical reclamó una investigación a la responsable de Recursos Humanos de la Conselleria, ahora investigada, para que analizara lo ocurrido. Solicitaron lo mismo al director gerente. Según recoge la querella, ninguna de estas peticiones fue atendida. Las quejas de los sanitarios siguieron produciéndose en masa, tal y como muestra la documentación aportada.

Los querellantes apuntan que los hechos relatados constituyen un delito contra los derechos de los trabajadores, derecho a la seguridad e higiene en el trabajo. De momento, la juez ha acordado las dos citaciones anteriores, pero hay toda una serie de diligencias pendientes, como la petición de documentación a la conselleria, que se resolverá tras las dos comparecencias. Los denunciantes quieren conocer los planes de prevención, el número de equipos de protección disponibles y las comunicaciones entre los diferentes organismos en los peores momentos de la pandemia, entre otras cuestiones.

El discurrir de la causa puede complicar el futuro de la consellera Ana Barceló a quien reclaman, de entrada, que acuda como testigo a este juzgado. Barceló es aforada y, por tanto, sólo puede ser citada como investigada por el Tribunal Superior de Justicia. La querella que se presentó contra ella acumula ya cuatro meses sin respuesta. Existe otro procedimiento contra la delegada del Gobierno, Gloria Calero, el presidente Puig y el alcalde Ribó por hechos similares que tampoco tiene de momento resolución.