El juez imputa a Güemes, exconsejero del PP, por el fichaje de Begoña Gómez para el IE

Güemes, que había sido llamado como testigo al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, durante el interrogatorio y sobre la marcha, fue informado de que se convertía en el cuarto investigado en estas diligencias previas. Güemes fue el directivo que supuestamente ordenó contratar a la mujer de Pedro Sánchez como directora del África Center, dependiente del IE, al poco de la llegada de éste a Moncloa en junio de 2018 tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Gómez ocupó este cargo entre agosto de 2018 y junio de 2022.

La imputación de Güemes, según fuentes del procedimiento, está directamente relacionada con la declaración el pasado octubre de la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano. Ésta señaló ante el magistrado que el exconsejero fue la persona que le ordenó la contratación de Gómez, sin dejarle opción alguna. Que ella se limitó a seguir las instrucciones de su superior y que redactó el contrato sin llegar a ver en ningún momento el currículum de la esposa del ya entonces presidente del Gobierno.

Güemes, según fuentes presentes en el interrogatorio, negó este lunes ante el juez la versión de Gil de Antuñano, incurriendo en algunas contradicciones y muchas «vaguedades», lo que propició que Peinado, tras solo quince minutos, cortara el interrogatorio y le avisara que pasaba a tener la condición de investigado, por lo que será citado en otra fecha, acompañado ya de abogado y con el derecho a negarse a declarar.

La comparecencia fue muy tensa, siempre según estas mismas fuentes, hasta el punto de que el juez amagó con un careo entre el ahora imputado y la responsable de recursos humanos ante la insistencia de Juan José Güemes de negar algunas de las afirmaciones de su subordinada. Sea como fuere, según su versión, Gómez le llamó a finales de 2017 para entregarle su currículum y explicarle su trayectoria. En ese momento, al responsable de IE su experiencia no le pareció útil, pero todo cambió cuando se creó el África Center, un proyecto para promover el emprendimiento en aquel continente, en el que Güemes consideró que su perfil sí que encajaba. Nada que ver -insistió- con el hecho de que semanas antes el marido de la candidata hubiera llegado a la presidencia del Gobierno.

Güemes, actual directivo del Instituto de Empresa, tuvo una destacada carrera política con el Partido Popular. Fue diputado de la Asamblea de Madrid (2003 - 2010) y dos veces consejero con Esperanza Aguirre: Empleo (2003-2007) y Sanidad (2007-2010). Anteriormente había sido secretario de Estado de Turismo entre 2002 y 2003 bajo el Gobierno de José María Aznar. Aunque fue investigado en el caso Púnica, el juez archivó la causa en su contra.

La denuncia de Manos Limpias que dio origen a la causa aseguraba que Air Europa pactó pagar 40.000 euros al año al África Center y que este acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para la esposa del presidente del Gobierno y su equipo.

Güemes se convirtió así este lunes en el cuarto imputado en estas diligencias previas por tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida e intrusismo profesional. Además del exconsejero y la propia Gómez, el juez mantiene como investigados en esta causa al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, por la puesta en marcha de la cátedra extraordinaria de la mujer del presidente, y al empresario Juan Carlos Barrabés, amigo de Gómez y beneficiario de millonarios concursos de la administración central tras sendas cartas de recomendación de la esposa de Pedro Sánchez.

Además del exconsejero de Esperanza Aguirre, este lunes declararon como testigos Adriana Ángel, trabajadora del IE, y Gabriel Ramón Navarro, director de la Asesoría Jurídica de la Universidad Complutense. Navarro fue el letrado que investigó la supuesta apropiación indebida del software de la universidad por parte de Begoña Gómez y que denunció la falta de colaboración de la mujer de Sánchez para aclarar si esa herramienta informática propiedad de la Complutense y sufragada por empresas colaboradoras fue explotada por la compañía creada por la imputada hace ahora un año.