El juez investiga si Carlos Fabra ocultó bienes para no pagar los 1,4 millones de multa por un delito fiscal

Carlos Fabra reapareció esta semana en la escena mediática muy a su pesar. De nuevo, el todopoderoso expresidente de la Diputación de Castellón se ha visto salpicado en una investigación judicial. Agentes de la Policía Nacional, los especialistas que han asumido las pesquisas que comanda el juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, registraron una vivienda del político. Durante varias horas, los funcionarios trataron de recopilar documentos que permitan confirmar o disipar los indicios delictivos que amenazan su futuro.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha informado hoy de que el juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior calificación. El titular investiga si el expresidente de la Diputación castellonense ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castellón del año 2013 (confimada en 2014 por el Tribunal Supremo) por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales. En la causa están investigados por el momento el propio Carlos Fabra, su mujer, uno de sus hijos y una cuarta persona.

Fabra dejó la política en 2011 mientras estaba siendo investigado por un delito fiscal por el que terminó condenado a esos cuatro años de cárcel. Tras cumplir su pena, ha pasado a un segundo plano, aunque su apellido se mantiene como toda una referencia en la provincia de Castellón. Hace algo más de un año, publicó una autobiografía en la que aprovechó para cargar contra Mariano Rajoy por haber abandonado a políticos populares investigados por corrupción, como el caso de Rita Barberá o el de él mismo.