Investigan a la exdirectora del Ivacor por irregularidades en la restauración de obras privadas

El juzgado de Instrucción 4 de Valencia ha decidido citar como investigados a Luis Caruana, el propietario de una docena de obras de gran valor que fueron restauradas en el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Ivacor). En la misma resolución, convoca en la misma condición a Carmen Pérez, la que fuera directora de la entidad en el periodo en el que supuestamente se produjeron las irregularidades.

Las pesquisas se centran en la restauración de doce libros antiguos con un valor considerable sin presupuesto ni contraprestación económica. Sin embargo, el propio afectado, el coleccionista Caruana ya ha aportado documentación que debilitaría notablemente los indicios que se desprendían de la denuncia que en su día formuló la Confederación General del Trabajo (CGT). Así, el propio juez lo admite en su auto, al recoger que los hechos de la querella no se ajustarían a la realidad respecto a que los trabajos se realizaron de manera gratuita. De igual modo, el instructor añade que la prueba de descargo aportada también lleva a evidenciar que existía un presupuesto de la actuación y otro dato importante: que se ajustaba al precio de mercado.

Sin embargo, el juez ha aceptado las peticiones que la fiscal del caso ha pedido recientemente en el órgano y también para escuchar la versión de varios testigos. Aparte de las declaraciones de los dos anteriores investigados, también deberá comparecer Gemma Contreras, que actualmente está al frente de la entidad. Además, se da la circunstancia de que esta responsable forma parte desde el pasado sábado de la Ejecutiva de Sandra Gómez como encargada de cultura y desarrollo creativo.

No son estas las únicas diligencias acordadas por el juez. También se ha pedido una pericial para cuantificar el coste de los trabajos de mejora en los ejemplares. El experto que elabore este dictamen no podrá pertenecer ni al propio Ivarcor, ni a Culturarts ni al Instituto Valenciano de Cultura.

Caruana siempre se ha mostrado muy tranquilo respecto a las acusaciones de la Fiscalía. «Todos los trabajos de restauración fueron facturados y pagados. Estoy tranquilo y tengo toda la documentación», aseguró en su día a LAS PROVINCIAS. Las facturas de dichos trabajos ascienden a algo más de 10.000 euros, según ha podido saber este periódico. Una cantidad que, según la denuncia interpuesta por el sindicato, no se ajustaría a la realidad y podría ascender a 100.000 euros, sin contar los costes de los talleres ni los materiales empleados, siempre según la versión del sindicato que ha visto ahora cómo perdía peso.

Desde la CGT se denunció también que los contratos laborales de obra o servicio para realizar estas restauraciones fueron formalizados por la entonces directora sin mediar procedimiento selectivo alguno. «No hubo un procedimiento de selección del personal con convocatoria pública, cuando la legislación obliga a contratar mediante bolsas de trabajo.