Un juez investiga un caso de corrupción en la empresa de las basuras de Valencia

Un juez investiga un caso de corrupción en el seno de la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre). La propia entidad, que preside el concejal Sergi Campillo, fue la que informó a la fiscalía ante las sospechas de graves irregularidades en la gestión de las basuras de la ciudad de Valencia y el área metropolitana. Los principales indicios de criminalidad se concentran en José Luis Vayá, jefe de servicio del área técnica de la Emtre. Las prácticas irregulares comenzaron antes del cambio de Gobierno en el Ayuntamiento. El ministerio público denunció los hechos en el juzgado.

La entidad presta el servicio de valorización y tratamiento de las basuras a través de una concesión, conocida como la UTE Los Hornillos, que continuó con el papel que en su día desempeñó Fervasa. Este funcionario era socio de Servicios Medioambientales Valencia (SMV), una proveedora de la UTE que ha logrado facturar algo más de diez millones de euros por diferentes servicios, de acuerdo a la información que consta en la denuncia.

Según la versión que ofreció otro de los investigados, el funcionario abonó 70.000 euros en efectivo para convertirse en socio, aunque su identidad no figuraba en ningún documento. Las averiguaciones efectuadas hasta la fecha -en el procedimiento también están investigadas otras dos personas- sí han permitido comprobar la existencia de esa caja de seguridad a su nombre en una entidad bancaria del centro de la ciudad.

La posición de Vayá resulta determinante en el proceso de contratación de la entidad pública. El responsable recibía los informes de la UTE con un listado de candidatos que procedían de un estudio de mercado. En este grupo de proveedores siempre aparecía la mercantil SVM gracias a la colaboración de otros sospechoso. El funcionario denunciado era el que finalmente se encargaba de elaborar el informe para contratar a la mercantil. Existía un supuesto interés del empleado público por dirigir hacia esta empresa la mayor parte de los encargos. La facturación de la firma se dispara a partir del año 2011, con resultados por encima siempre del millón de euros.

La dirección de la Emtre no tardó en sospechar del funcionamiento del sistema de adjudicación. Por eso, modificó el proceso de selección y estableció una subasta que, en definitiva, ha permitido una reducción de los costes. De hecho, cuando se planteó esta opción, el ahora sospechoso presentó un informe en contra de los cambios y a favor de continuar con el modelo tradicional de selección.

La investigación se encuentra en una fase intermedia. La causa cuenta con al menos tres investigados, pero el único que está vinculado a la empresa pública es el funcionario. El caso recuerda por ciertas similitudes a la investigación en Emarsa, el expolio de más de 20 millones de euros a través del amaño de contratos y el incremento de la facturación por el tratamiento de lodos.