Un juez investiga el embargo de la nómina de un funcionario para la pensión de su mujer, fallecida hace años

La historia se compone de deudas y embargos en torno a Antonio Moya, funcionario de la Generalitat que figura ya como investigado en el juzgado de Instrucción número 6 de Valencia.

La instrucción judicial, que arranca a raíz de una denuncia de un particular por los impagos de una cantidad adeudada, ha salpicado ya a otros responsables del departamento y a una ex alto cargo de la Conselleria de Economía y Modelo Sostenible, en manos de Rafa Climent.

El funcionario contaba con varios procesos de ejecución por actividades al margen de su trabajo en la Generalitat. Este empleado estuvo en su día, por ejemplo, en la conselleria de Inmigración, dirigida entonces por el hoy condenado Rafael Blasco por las ayudas a la Cooperación. Pese a disponer de una nómina elevada en la Administración, los acreedores no podían satisfacer la deuda. En su salario constaban unos embargos, pensiones de alimentos para los hijos y una compensatoria para su mujer. Estas necesidades obviamente tienen prioridad respecto a las ejecuciones que tenía en marcha. De tal forma que con esas retenciones ya se le bloqueaba el máximo posible de su remuneración. A un trabajador no se le puede dejar sin el 100% de su nómina, siempre hay un límite.

La sorpresa llegó, siempre según explican fuentes judiciales, cuando comprobaron que la mujer del principal imputado había fallecido hace más de siete años, en junio de 2012. Este dinero de las pensiones iba a parar a una cuenta que, en realidad y según los indicios que constan en la causa, estaba bajo la órbita del funcionario. Los extractos muestran cómo se hacían retiradas periódicas tanto en efectivo como en transferencias. Lo que sospechan los denunciantes es que se trataba de un ardid para evitar pagar y al mismo tiempo seguir disfrutando de su sueldo íntegro.

Las pesquisas del juzgado pretenden aclarar cómo pudo mantenerse esta situación durante años y que nadie alertara de que la beneficiaria de la pensión había muerto. El juzgado ha imputado recientemente a la que fuera subsecretaria de la Conselleria, Concepción del Ruste, que cesó a mediados del año pasado. También ha llamado a declarar a Josep Vicent Tarí, secretario general del departamento autonómico, según consta en la web de la Generalitat. Por último, las comparecencias de altos responsables se completan con Ana María Sánchez, la interventora delegada en el momento de los hechos. La acusación particular considera que no efectuaron una labor de control y vigilancia o incluso, en el peor de los casos, pudieron ayudar a que el supuesto fraude se perpetrara. Esta última responsable, al parecer, sí lo advirtió verbalmente -el hecho de que hubiera fallecido la mujer- pero no se adoptó ninguna medida. La defensa de la interventora, que dirige el letrado Manuel Sarrión, quiso aclarar que su representada sí alertó por escrito de esta circunstancia. Es más, lo comunicó al juzgado de Primera Instancia que llevaba las ejecuciones.

Las diligencias se siguen por un delito de estafa, pero podrían ampliarse a otros ilícitos a medida que avancen las pesquisas. El funcionario ya ha sido citado a declarar, pero se ha acogido a su derecho a guardar silencio. El titular del órgano judicial ya ha hecho un ofrecimiento de acciones a otras presuntas víctimas del empleado público que tampoco cobraban las deudas, por si quieren sumarse a este procedimiento penal.

Los investigados de la conselleria comparecerán el próximo 12 de noviembre. Sus explicaciones pueden ser determinantes para el futuro de esta causa que ha terminado salpicando también al hijo del funcionario.