La juez investiga nuevas comisiones de 200.000 euros en la trama del suegro de Benavent

La causa de Imelsa, cinco años después de la operación policial, sigue generando nuevas líneas de investigación. La última pieza de la macrocausa -es la letra K- profundiza en los negocios de uno de los personajes más singulares de la trama, Mariano López, el suegro de Marcos Benavent y quien custodió las grabaciones del exgerente de Imelsa hasta que se las confió a Rosa Pérez, la actual consellera, para que denunciara los hechos.

Las pesquisas actuales parten de la investigación del call center, el amaño del centro de atención telefónica de la Diputación de Valencia. Se trata del único asunto que no parte de la denuncia de Pérez, por aquel entonces, diputada de EU. Este asunto se descubre íntegramente por las revelaciones de Marcos Benavent. En esas averiguaciones se detecta que el suegro Mariano López tiene una empresa pantalla, Técnicas Legales Administrativas, que utiliza para canalizar las comisiones que le llegan desde Servimun, la adjudicataria del call center. López había intervenido utilizando sus contactos políticos para que esta sociedad resultara beneficiada por el encargo aunque luego no cumplió con ninguna de las mejoras propuestas.

Pero no parece, según la UCO, que las operaciones sospechosas de López y Servimun -el suegro trabajaba de manera encubierta para la firma- terminaran con el call center. Los investigadores localizaron unas facturas sospechosas del Ayuntamiento de Requena con indicios de que fueran un fraude, es decir, que no respondieran a la prestación real de servicios. Además de esos dos pagos a la citada empresa –no contaba con trabajadores–, los agentes analizan un contrato de nuevo con Servimun de 50.000 euros, pero que al final acaba sumando 178.000 euros.

La jueza acuerda la imputación del exalcalde Javier Berasaluce, que ordenó el pago pese a la resistencia de la interventora. De igual modo, acuerda la citación de su sucesor, Mario Sánchez, en la misma condición.

El caso de Enguera resulta similar, pero sus consecuencias terminan salpicando a la Diputación de Valencia en la etapa de Jorge Rodríguez, acusado ya en el caso Alquería por la contratación ilegal de directivos.

La empresa Servimun presenta una factura por 21.000 euros por una adjudicación de 2013. Llama la atención que las mismas empresas que se presentan a esta oferta son las que concurren a los procedimientos de Requena. Pero es que, además, uno de los administradores fue socio del gerente de Servimun. Estas circunstancias concentran todos los indicios alrededor del suegro de Benavent en lo que se considera un simple artificio para amparar la contratación.

El Ayuntamiento rechazó una factura de 21.000 euros sobre un supuesto informe sobre el camping del Teularet al no constar ningún trabajo al respecto. Es ahí, donde según la UCO, interviene Xavier Simó, asesor de Jorge Rodríguez, para lograr desbloquear el pago de esta cantidad. Finalmente, lo consigue. El juzgado lo ha citado a declarar como imputado al igual que el que fuera alcalde del municipio, Óscar Martínez.

La jueza abrió ayer una pieza separada para analizar todos estos indicios. De esta forma se evita que las nuevas diligencias afecten a la pieza del call center, ya en su recta final.