El juez que investiga a Rodríguez cita a Orengo por las contrataciones de Divalterra

Jorge Rodríguez ha conseguido su propósito de mezclar una investigación penal sobre las contrataciones irregulares en la empresa Divalterra con las luchas internas en el seno del socialismo valenciano que, según su versión, provocaron su caída. El juez del caso Alquería ha citado al exnúmero 3 del PSPV José Manuel Orengo -persona de la máxima confianza de Ximo Puig- para que comparezca como testigo y explique su participación en algunos de los procesos de contratación de altos directivos en la empresa pública, heredera de la antigua Imelsa.

El exdirigente deberá acudir a la Ciudad de la Justicia el próximo 16 de diciembre. Orengo fue designado en 2015 jefe de gabinete de Jorge Rodríguez cuando este desembarcó en la Diputación de Valencia. La defensa del expresidente alega que el dirigente socialista intervino en un consejo de administración de Divalterra en el que se le preguntó expresamente al secretario del órgano si los nombramientos de cargos directivos debían de atender los criterios de publicidad , mérito y capacidad.

La versión que ha mantenido el entorno de Rodríguez señala que el secretario, Vicente Borquera, sí que defendió esos requisitos y que fue el propio Orengo, presente en esa reunión, el que rechazó esas garantías en la designación de Josep Ramón Tiller y Agustina Brines como cogerentes de la empresa y de José Luis Vera como jurídico. No obstante, estos nombramientos no están en el foco de la investigación judicial.

El instructor también ha citado para la misma jornada a Concha Andrés, actual secretaria de Eficiencia y Tecnología Sanitaria de la Conselleria de Sanidad y a Xavi Rius, diputado provincial. No eran consejeros de Divalterra, pero su firma sí consta en documentos de interés para la causa.

Emili Altur y Josep Bort, por su parte, son otros de los altos cargos de Compromís que han sido citados por el juez. Estos sí formaban parte del consejo de Administración y el expresidente quiere que expliquen el conocimiento que tenían de la nueva estructura que nació en Divalterra.

Las contrataciones de altos directivos en la empresa pública fueron la tumba política de Jorge Rodríguez. Él y todo su equipo se encuentran investigados en la causa por obviar el proceso administrativo para la incorporación de altos directivos a la empresa pública. Todos los 'fichajes' respondían a su adscripción ideológica. Es decir, fueron contratados porque eran afines al PSPV o Compromís. El último informe policial, elaborado con el material analizado de los teléfonos móviles de algunos investigados, confirmaba la creación de un órgano paralelo al consejo de administración para el debate de este tipo de decisiones polémicas. Anticorrupción sostiene que se cometieron delitos de prevaricación y una malversación de alrededor de un millón de euros, el coste del sueldo total de los directivos.