Hace casi cinco años, la magistrada Pilar de Lara, instructora de algunas de las causas de corrupción más relevantes en Galicia, recibió un correo electrónico que avanzaba lo que le ocurriría si seguía con sus investigaciones «prospectivas». Unas causas que afectaban a populares y socialistas gallegos, empresarios, funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
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Desde el Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, De Lara estaba metida de lleno en los casos 'Pokemon' -una supuesta red de corrupción municipal alrededor de las compañías Vendex y Aquagest, que salpicaba a los principales ayuntamientos de la comunidad- y 'Carioca' -una presunta trama de proxenetas que trabaja con agentes de la Guardia Civil- cuando le llegó ese profético 'email'.
El correo dirigido a su dirección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tenía nada que ver con estas causas, sino con otro procedimiento que estaba tomando forma en su juzgado. Se trataba del 'caso Garañón', las supuestas irregularidades en una promoción urbanística autorizada por el consistorio lucense y que le costó la dimisión en 2015 al alcalde, el socialista Xosé López Orozco -investigado también en 'Pokemon'-.
No era tanto la presencias en los papeles del histórico regidor lo que preocupaba al autor del mensaje a De Lara. Más bien, le inquietaba los indicios aportados por la Policía Judicial contra José Ramón Gómez Besteiro, entonces edil de Urbanismo (1999-2015) y presidente de la Diputación de Lugo (2007-2015).
En septiembre de 2013, el dirigente político fue elegido secretario general de los socialistas gallegos en sustitución de Pachi Vázquez. La figura en alza de Gómez Besteiro le hacía tener alguna posibilidad de competir con el invencible Alberto Núñez Feijóo. Pero los prohombres que movieron su candidatura entre bambalinas vieron como su plan se desbarataba de un plumazo.
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La responsable fue una juez de trincheras de Gijón, cuyas instrucciones abrían portadas y telediarios en Galicia. De Lara había abierto la caja de Pandora en la ciudad de la muralla y el nerviosismo llegaba hasta Madrid. De ahí que, el 11 de junio de 2014, les escribiera un joven abogado llamado Cándido Conde-Pumpido Varela (incluía el segundo apellido para distinguirse del nombre de su padre, hoy magistrado del Constitucional -con plaza en el Supemo- y exfiscal general nombrado por el Gobierno socialista).
El extenso correo, al que ha tenido acceso este periódico, incluía estos extractos. «Empieza a sonar un run run en el Supremo de que hay juezas en Lugo que interfieren demasiado en la vida política y se escucha hablar de investigaciones prospectivas. Aún colea también el 'caso Campeón', con su remisión al Supremo en periodo preelectoral para ser posteriormente archivado (afectó al exministro lucense José Blanco)». «Ya sabe como empieza esto. Primero la prensa se vuelve en contra. Empiezan los ataques gratuitos (), las conferencias dadas, anteriores resoluciones y luego va subiendo de intensidad. La Fiscalía empieza a pedir cosas raras, la Audiencia revoca (), se empiezan a recibir visitas de la Inspección (del CGPJ) y de la noche a la mañana te encuentras sumido en un infierno mediático y judicial».
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«Mi consejo es que intente apartarse y vaya con pies de plomo (). Intente evitar cuestiones que puedan volverse en su contra () y si puede cambiar de destino, hágalo. Si necesita ayuda en el Consejo para facilitar su traslado, hágamelo saber y haré lo que esté en mi mano», concluía el correo del entonces defensor de Gómez-Besteiro.
De este escrito de Conde-Pumpido han pasado casi cinco años y el pasado jueves, la Comisión Disciplinaria del CGPJ acordó por unanimidad suspender con siete meses y un día por un falta muy grave a De Lara. La razón, el retraso injustificado en sus causas. El castigo supone su salida del juzgado de Lugo, aunque la decisión no es firme. El Pleno del Consejo verá primero el caso. Y en esa deliberación tiene sitio como vocal la magistrada Clara Martínez de Coreaga, esposa de Conde-Pumpido padre y madrastra del abogado. Un prometedor penalista que hoy está investigado en un juez de la Audiencia Nacional por presunto blanqueo de capitales.
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