El juez del caso del ex de Oltra rechaza los archivos y mantiene a los cargos de Igualdad imputados

Carmen Fenollosa es la directora territorial de Igualdad. En el momento de los hechos protagonizados por el docente, finales de 2016 y principios de 2017, era la directora en Castellón. Desde el primer momento ha basado su estrategia en una defensa a ultranza de toda la actuación de Igualdad más incluso que en la suya propia. La responsable sostiene que el auto con la orden judicial para el educador no llegó a la conselleria el 28 de julio, como mantiene el juez, sino que lo hizo el 8 de agosto, según la documentación que aportó al juzgado.

El magistrado, con el respaldo de la Fiscalía, rechaza las peticiones. «No es el momento procesal propio para discriminar cuáles de entre los investigados deben de ser habilitados para su eventual acusación y cuáles han de ver la causa sobreseída», adelanta.

Las diligencias se encuentran en su fase inicial. «Ni siquiera se ha terminado de practicar la actividad investigadora más elemental para poder precisar los hechos acaecidos y muy especialmente, qué papel tuvo o no en los mismos cada uno de los investigados», aclara el titular del órgano.

El instructor concluye que en el actual escenario plantear «formal y materialmente» determinados sobreseimientos «sería no solo prematuro, sino como indica el Ministerio Fiscal, "también temerario, debiendo entenderse tales pretensiones como una muestra más de exceso defensivo", razona el ministerio fiscal.

El pronunciamiento de la Fiscalía es el primero que se produce hasta el momento en la presente causa. En su día, apoyó el archivo de las actuaciones a la espera de la decisión del Tribunal Supremo. Pero tras la reapertura de las diligencias por orden de la Audiencia se ignoraba su postura. Ahora ya se conoce su posición: mantener las imputaciones de todos los investigados.

También la nueva remesa de imputados ha tratado en los últimos días de evitar pasar por el juzgado. La defensa de Isabel Serra, otra de las cargos investigadas en Igualdad, presentó un recurso contra el auto en el que se imputaban a cinco compañeras. Estas se adhirieron a su tesis. Pero el juez también ha rechazado todas estas pretensiones.

La base de su escrito era lo ya apuntado con anterioridad, que el auto no llegó el 28 de julio sino el 8 de agosto a la Conselleria de Igualdad. Pero esto es un indicio -con independencia de que se confirme más adelante- de todo un caudal de supuestas irregularidades. Los recurrentes entienden que las audiencias acordadas traen «exclusivamente causa de aquel dato». Sin embargo, «ello no es así». El respeto a los derechos de los comparecientes lleva a que deban ser oídos en calidad de investigados; « no parece haber la más mínima razón para alterar la resolución atacada».

Así, en definitiva, «no se ataca, ni combate lo resuelto en el auto recurrido y únicamente se alude a determinado extremo», es decir, a la fecha de entrada del escrito en la conselleria. De hecho, respecto a este extremo, el juez ya ha profundizado en las diligencias. El instructor ha reclamado a la conselleria fecha exacta y la persona que recibió el auto. De igual modo, ha oficiado también a la Policía Local para que explique qué hizo desde que recibió el documento. Esto permitirá aclarar la fecha exacta de toda esta sucesión de acontecimientos.

Sin embargo, no es ese el punto nuclear de la causa. Se trata de un elemento más alrededor de la presunta desatención que sufrió la menor una vez denunció los abusos y, en concreto, a partir del momento que el asunto se judicializa. Lo que no parece entender el juez es por qué desde la Conselleria de Igualdad se encarga la apertura de un expediente, que termina convirtiéndose en un dosier para desacreditar a la víctima, una vez ya se están investigando los hechos en un juzgado.