El juez del caso Oltra pregunta a la Abogacía de la Generalitat por qué no asistió a la menor abusada

La mayoría de las diligencias principales del caso, como la pieza secreta con el análisis de los correos electrónicos, se han completado. De igual modo, todas las declaraciones de investigados y testificales. Algunos imputados, de hecho, han pedido el archivo. Es el caso del jefe de gabinete Miquel Real. Aún no ha recibido respuesta.

No obstante, todavía quedan pequeños flecos en la investigación. El instructor acaba de acordar oficiar a la Abogacía de la Generalitat Valenciana para que informe de las actuaciones o dictámenes que en su día se efectuaron para concluir que la entonces menor Teresa Tanco no podía ser representada por la Abogacía para ejercer la acusación particular contra el abusador, el exmarido de Mónica Oltra.

Se trata de un aspecto que tanto el juez instructor como el fiscal preguntaron y repreguntaron a la exvicepresidenta durante su comparecencia judicial. Es un punto importante en el supuesto desamparo de la menor. Las pesquisas apuntan a que, siempre de manera indiciaria, la adolescente no fue protegida por la Conselleria quien, en realidad, tenía la obligación de hacerlo.

En la declaración que en su momento prestó la vicepresidenta alegó que no existía un «título habilitante» para ejercer estas acciones. El magistrado matizó, no obstante, que existía «una amplia doctrina jurisprudencial que contemplaba dicha posibilidad y con la ventaja añadida de la posibilidad de presentar la documentación precisa en apoyo de la menor». En realidad, todo este espíritu se plasmó posteriormente en la Ley de la Generalitat 26/2018.

El magistrado pone especial énfasis en por qué tampoco se hizo posteriormente y más cuando la vicepresidenta había mostrado una profunda disconformidad con la sentencia de la Audiencia. «¿Por qué no trató de hacerlo, lo que hubiera supuesto que la niña tuviera apoyo legal, se tratara como víctima, y aportara documentación?», inquirió entonces el titular del juzgado. «Es algo que no se planteó nadie porque no había titulo habilitante y si no hay normativa que lo respalde, la Abogacía no actúa», respondió Oltra.

El instructor, en este sentido, ha oficiado a la Abogacía de la Generalitat con el objetivo de que informe de las actuaciones o dictámenes que se efectuaron sobre esta posibilidad, la de la personación en defensa de los intereses de la menor. Puede que no exista un dosier como tal y que la respuesta -si la hubo- fuera verbal. O que ni siquiera se planteara esa posibilidad. En este sentido, Oltra fue taxativa: «Nadie lo planteó y yo tampoco». Además, en otro punto del interrogatorio añadió que nunca «en ningún caso la Generalitat se había personado donde hubiera habido abuso de un menor, en el ámbito de cualquier conselleria».

Uno de los posibles errores de la instrucción es que nunca se pidió una indemnización a la Conselleria por los abusos, lo que hubiera llevado a la personación de la Abogacía en la causa en defensa de los intereses, en este caso, del departamento autonómico. Esa reclamación se encuentra en la vía administrativa, pero paralizada a la espera de que se resuelva el ámbito penal.

La respuesta de la Abogacía podría suponer el cierre de la instrucción. El juez tiene de plazo, tras la última prórroga, hasta el mes de abril. Pero no es necesario agotar ese plazo para adoptar una decisión. El instructor siempre ha barajado la intención de citar también a declarar al docente condenado por estos hechos. Esta comparecencia puede acordarse en breve tras confirmar esta misma semana el Tribunal Supremo la condena a cinco años de cárcel.