La instrucción del caso Oltra, la investigación abierta a cargos de Igualdad y a la propia exvicepresidenta, amenaza con rebasar los planes más optimistas de la defensa de la exconsellera. El juez tiene en mente una diligencia que considera fundamental antes de adoptar cualquier ... decisión –archivo o procesamiento– que afecte a los investigados. Se trata de la citación de Luis Ramírez Icardi, el exmarido de Oltra condenado a cinco años de cárcel.
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El instructor, no obstante, está a la espera de la resolución del Tribunal Supremo. El docente recurrió la sentencia de la Audiencia de Valencia con el principal argumento de que el tribunal arrastraba la sombra de la parcialidad al haber celebrado la primera vista.
El TSJ obligó a que se repitiera el juicio pero sólo para incluir el famoso dosier que favorecía a Icardi, pero que tardó dos años en incorporarse al expediente judicial. Los dos juicios terminaron con idéntico resultado, una condena de cinco años. En el segundo, además, con la agravante de superioridad por la posición de dominio del educador sobre la adolescente.
La citación se produciría, en principio, sólo si la sentencia se ratifica. Es decir, con Icardi pendiente de su entrada en prisión, independientemente de que su defensa trate de llevar el asunto al Constitucional, una vía con pocos visos de prosperar. Sin embargo, si el Tribunal Supremo obliga a una repetición total del juicio su comparecencia resultaría más complicada.
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El juzgado de Instrucción 15 investiga unos hechos posteriores a los abusos: todo el tratamiento y cobertura que se dio a la denuncia y la nula protección de la menor perjudicada. Pero si declara como testigo, con la obligación de decir verdad, podría perjudicar su posición ante la repetición del juicio.
Tras el interrogatorio de la exvicepresidenta, algunas acusaciones han querido profundizar en la intensidad de la relación que Oltra mantuvo con el ahora condenado una vez se enteró de que estaba inmerso en un procedimiento penal.
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La exdirigente siempre ha defendido que la relación sentimental terminó en verano de 2006 –los abusos son de finales de ese año y principios de 2017, según la sentencia–. Pero seguían viviendo en el mismo domicilio. De hecho, estaba empadronado en la vivienda. Pese a esto, no se enteró que había dejado de trabajar tres semanas en el centro pese a la investigación inicial abierta por la directora y la propia conselleria. Vox, que ejerce la acción penal como acusación popular, ha pedido el listado de llamadas después de que Oltra conociera la orden de alejamiento.
Además, todavía queda pendiente la declaración como investigados del entonces subsecretario de Igualdad y actual secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero, y del exjefe de gabinete de Oltra y ahora asesor de la vicepresidenta Aitana Mas, Miquel Real. Dos comparecencias para las que todavía no hay fecha. El horizonte temporal del caso se extiende.
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