El juez del caso Oltra procesa a la exvicepresidenta y a su equipo tras la orden de la Audiencia

La decisión era la esperada. De hecho, no había otra posibilidad. Pero sorprenden los tiempos, una circunstancia que evidencia el malestar del juez. Sólo 24 horas después de recibir la respuesta de la sección Cuarta de la Audiencia, presidida por Pedro Castellano, que concluía que no podía descartar «claramente» la existencia de delitos en la actuación de la dirigencia de la Conselleria de Igualdad.

Fuentes judiciales consideraban que el auto de la Sala daba cierta autonomía al instructor para aclarar hechos y personas responsables por el supuesto encubrimiento de la denuncia de abusos contra el exmarido de Oltra.

De tal forma que alguno de los ahora investigados pudiera librarse de sentarse en el banquillo. Pero no ha sido así. El magistrado ha optado por no hacer esa diferenciación y procesar a todo el equipo hasta ahora investigado. No obstante, los recursos de los procesados pueden abrir una puerta en este sentido.

El auto, de cerca de 50 folios, recuerda los hechos que ya se expusieron en la resolución por la que se decretaba el sobreseimiento. «Se ha reiterado hasta la saciedad que no existe ni un solo indicio de que se dictara orden o instrucción alguna emanada de los cargos directivos de la conselleria dirigidas a ocultar los hechos o a desacreditar a la menor», se indicó entonces. Pero ahora el desenlace, seguir con el proceso, es totalmente el opuesto «por imperativo legal», es decir, que lo hace por el mandato que recibió de la Audiencia y al que no puede negarse.

La resolución supone dar plazo a las acusaciones para que presenten sus respectivos escritos de acusación. Por un lado, está el abogado de la joven Teresa Tanco, la víctima de los abusos sexuales del exmarido. Su representación la dirige José Luis Roberto, presidente de España 2000. Además, en las acusaciones populares se suma el partido político Vox y una asociación controlada por Cristina Seguí.

La posición de la Fiscalía será clave en este procedimiento. Salvo sorpresa, el ministerio fiscal defenderá la absolución de todos los investigados porque no aprecia la comisión de ningún delito, tal y como se recogía en el último informe que presentó en la causa. En un eventual juicio, el responsable defendería la absolución de los acusados. No es algo habitual, pero tampoco extraordinario.

Los hechos bajo sospecha se remontan a los años 2016 y 2017. Las sospechas transitan desde que la menor denunciara ser víctima de un abuso sexual por parte de un educador hasta las decisiones tomadas por los responsables del centro de menores, las gestiones realizadas por los especialistas de la conselleria, las peticiones de la Fiscalía de Menores y el día en que Oltra, el 4 de agosto de 2017, se entera del hecho y ordena que se adopten una serie de medidas para que se aclare toda la situación. El famoso expediente donde la Sala aprecia un cúmulo de sospechas.

El tribunal considera ahora, siempre en este nivel de indicios, que el relato de hechos que consta en el auto de archivo también admite como «hipótesis plausible» que los investigados hubieran pretendido ocultar el abuso sexual «para lo que se habrían valido de un informe ficticio, pues se emite un pronunciamiento de inexistencia de indicios de abuso sexual cuando ni siquiera se preguntó a la menor sobre ello». De igual modo, los magistrados subrayan que no se denunciaron los hechos en Fiscalía como otro de los elementos que disparan las sospechas en contra de los investigados.

La resolución de la Audiencia evita concretar qué acción delictiva se corresponde con la actuación de cada uno de los investigados. Es un relato en el que parecen que todos lo hicieron todo o, por el mismo proceso deductivo, que nadie hizo nada. Esa supuesta atribución de conductas es la que consta ahora en el auto del juzgado. Eso será determinante para la elaboración de los escritos de acusación.

Compromís reaccionó ante la reapertura de la investigación. En un primer momento criticaron la instrucción judicial por exhaustiva y prospectiva. Eso se tornó en silencio cuando el mismo juez archivó la causa. Ahora, el foco se dirige a Pedro Castellano, presidente de la sección Cuarta. Desde la coalición nacionalista recordaron ayer el pasado judicial de Castellano, histórico presidente de la sección. Así, recordaron que archivó el caso del pitufeo y la visita del papa a Valencia.

El primer asunto fue ratificado por el Supremo, mientras en el segundo no es que lo archivara la Sala sino que ratificó el sobreseimiento que había decretado previamente la juez. También subrayaron que hace años absolvió a una banda de extrema derecha, en la denominada operación Panzer.

El partido trata de presionar al Gobierno central con la reforma de la Justicia tras esta decisión contraria a su líder y que paraliza el deseo de Oltra de regresar a la primera línea política. Creen que el caso «está orquestado por el poder económico con el apoyo de la derecha, la extrema derecha y con la complicidad de parte de los medios de comunicación».

Compromís trata de aprovechar la coyuntura para forzar a Sánchez a que acelere aquel plan de regeneración democrática que anunció tras meditar durante cinco días si seguía al frente del Gobierno. El partido quiere profundizar en el desbloqueo del Poder Judicial, en la reforma de acceso a la Justicia –no aclaran cuál sería su propuesta–, el acceso a la carrera judicial y endurecer las consecuencias por denuncias falsas y prevaricación judicial. Desde la formación sugieren que se ha actuado con «violencia política y judicial».

La resolución del juzgado se produce el mismo día que Oltra cumple dos años desde que abandonó sus responsabilidades políticas. La vicepresidenta dejó el Gobierno después de un acto de Compromís en el viejo cauce que terminó con música y bailes. Días más tarde, presionada por el PSPV y por algunos miembros de su propio partido, se vio obligada a dimitir.