El juez del Pitufeo insiste: «Hay indicios solventes y múltiples de que Grau recaudó dinero en beneficio del PP»

El juez insiste en los mismos argumentos que le llevaron a encausar al exvicealcalde. En uno de los apartados combate la tesis de la defensa de que Grau no participó en un delito de blanqueo antes de las elecciones de 2011. El magistrado insiste en los mismos argumentos que ha desplegado durante la dilatada instrucción: «sí presenta indicios solventes, múltiples, de que Alfonso Grau sí había recaudado, o canalizado, grandes sumas de dinero en beneficio del Grupo (municipal, se refiere) y con el propósito de financiar ilegal y abusivamente las campañas municipales del PP de la ciudad de Valencia».

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Razona el instructor de que el hecho de que Mari Carmen García Fuster no quiera revelar el nombre del misterioso recaudador del PP que proporcionaba ingresos en efectivo a una cuenta opaca no impide que se proyecte esa sospecha, consolidada con otras circunstancias, sobre el entonces vicealcalde y mano derecha de Rita Barberá hasta 2015 con el estallido del caso Nóos.

De igual modo, resta cualquier valor a que los contratos con Laterne, la agencia de comunicación que organizó la campaña de 2007, no estén firmados. De hecho, cree que resulta lógico dada la finalidad «ilícita» que pretenden. Respecto a la falta de motivación del delito de malversación, recuerda el juez la exposición que efectuó en el auto ahora recurrido, donde subraya cómo «se transfirieron fondos públicos del Ayuntamiento de Valencia a través de la asociación CEyD y de las fundaciones FTVB y FIVEC, a la entidad Laterne, que terminaron sufragando gasto electoral del Partido Popular en la ciudad de Valencia».

El juez admite que los hechos, incluso desde el planteamiento indiciario, resultan mucho más difusos en 2011 que en 2007. En estas últimas elecciones, aparte de contar con el relato del testigo Jesús Garrido que participó presuntamente en toda la operativa ilegal, se ha podido contrastar esta información con los datos fiscales de las empresas y cómo estas contribuyeron con facturación supuestamente ficticia al pago de la campaña del PP. En 2011, en cambio, la acusación carece de todo ese soporte documental o no es al menos tan completo.