El juez del pitufeo: «Grau actuaba de recaudador y García Fuster de administradora»

El instructor del pitufeo, el supuesto blanqueo de 50.000 euros en el PP de Valencia, aprecia indicios de criminalidad en cerca de medio centenar de personas, entre ellos los ediles de la etapa de Rita Barberá, asesores y exasesores, por presuntamente entregar 1.000 euros al partido y aceptar el reintegro de esas cantidades en dos billetes de 500 euros.

Esta operativa se efectuó en los meses anteriores a las elecciones de 2015 en un intento, al parecer, de obtener fondos 'limpios' de una supuesta caja B que manejaba el Grupo Municipal. ¿Puede que alguno de los procesados no aceptara la devolución del dinero? Sería una posibilidad. Sin embargo, el instructor considera que evaluando todos los detalles «no tiene mucho sentido que el blanqueo del dinero en poder de la secretaria del grupo se propusiera a unos sí y a otros no. Son razones de experiencia y de lógica lo que llevan a considerar como probabilidad razonable la participación de todos los donantes». Y otro interrogante, este determinante para seguir adelante con el procedimiento: ¿sabían los investigados que el dinero era de procedencia ilícita? Para el magistrado disponían de un conocimiento «cabal, natural y suficiente, de persona media, de que el dinero que se oculta, se transforma o se adquiere tiene su origen en una actividad delictiva o se está en condiciones de que se represente como probable tal procedencia delictiva»·. Y entre esas circunstancias que harían sospechar a un ciudadano medio, el auto cita la situación de Alfonso Rus, las sospechas alrededor de Alfonso Grau, tratadas incluso en los plenos...

En definitiva, el ejercicio de un «cargo político y su sentido de responsabilidad excluye en gran medida la ignorancia absoluta sobre lo que implica un dinero oculto en un partido». Aprovecha también para recordar que hubo otros asesores, en concreto los cuatro testigos de esta pieza que no participaron en esta sospechosa mecánica ante la ausencia de «explicaciones convincentes». Fueron «prudentes» ante la «triquiñuela de un donativo que no era tal».

El juez enumera toda una serie de indicios alrededor de esta irregular operativa, en la que «Grau era el recaudador y García Fuster la administradora», que invitan a pensar en la existencia de ese plan. Por ejemplo, el hecho de que algunos investigados realizaran ingresos en efectivo en sus cuentas en los días posteriores al donativo. La secretaria del grupo, Mari Carmen García-Fuster, les había advertido que bajo ningún concepto ingresaran el dinero en el banco. Son varios los que presuntamente desoyen esta orden y, además, no han ofrecido argumentos creíbles del origen de ese efectivo. Por ejemplo, Alfonso Novo, exportavoz del PP de Valencia, aseguró que había sacado el dinero de una hucha. Se suman, además, los cuatro testigos que rechazaron la idea de contribuir y la conversación de un chat de WhastApp en la que cuatro imputados bromean en su día acerca de la existencia de billetes de 500 euros. Apunta la resolución al papel capital para acreditar las pesquisas de María Elena Rodrigo, una asesora de prensa del PP que es la única que reconoció los hechos desde el principio de la investigación. De hecho, incluso intentó devolver el dinero tras reflexionar sobre lo ocurrido. El juez le ha archivado la causa.

Y, por último, cita la famosa conversación entre María José Alcón y su hijo -el pinchazo que dio origen al caso- en la que revelan la supuesta corrupción en el PP de Valencia.

El auto, similar al procesamiento de otro tipo de procedimientos, supone además nuevos problemas para el PP como partido político ya que sentará a la organización como responsable del blanqueo. En este sentido, el juez resuelve que el partido carecía de un verdadero plan de prevención de delitos, el conocido como compliance, en la fecha de los hechos. Existía, según la documentación que aportó el partido, algunas indicaciones sobre el manejo de cuentas y dinero, pero son posteriores a la campaña electoral de 2015. Un responsable del PP se sentará en el banquillo de los acusados en el caso de un eventual juicio.

En cambio, el cierre de la investigación trae buenas noticias para los que fueran administradores electorales. El juez no ve suficientes indicios de criminalidad en el delito electoral para mantener la causa. «No hay prueba de que conocieran los hechos y sí de que la actividad se realizaba al margen de las directrices del partido cuando no con consciente ocultación». Juan José Medina, exvicepresidente de la Diputación de Valencia, queda exonerado de esta investigación.

El instructor, que ha finalizado la causa tras más de dos años de parálisis en el juzgado y tras más de cinco y medio de investigación, realiza un minucioso relato de los hechos de las campañas de 2007 y 2011. De hecho, es ahí donde el papel de Alfonso Grau -hoy en prisión por el caso Azud- se convierte en capital. Al exvicealcalde se le procesa por malversación en los comicios de 2007.

El juez recuerda como desde diferentes organismos públicos -especialmente desde Turismo Valencia- se nutre de fondos a la empresa Laterne, organizadora de la campaña. Se cree que los trabajos eran inexistentes o su importa estaba hinchado. Sostiene el instructor que sólo en esos comicios el equipo de Barberá gastó más de un millón de euros y «posiblemente» dos. La firma organizadora era de un amigo de Grau, Vicente Sáez. Esa empresa recibió, además, generosas facturaciones por parte de los principales contratistas del Ayuntamiento de Valencia. El magistrado mantiene sus sospechas ante la realidad de esos servicios. Además, en ese periodo, Grau entregó 350.000 euros en billetes de 500 a su mano derecha para que abonara los actos electorales. Numerosas empresas se quejaban de que no habían cobrado.

El pitufeo no es el único problema de Mari Carmen García Fuster. El magistrado también incluye como hechos punibles los sospechosos ingresos que la dirigente recibió en una «cuenta opaca» y que aglutinaba bajo el epígrafe CyA. No quiso desvelar el nombre de ese 'recaudador' de donantes anónimos. Por esta vía llegaron casi 200.000 euros.

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