El juez procesa a la asesora de Dalmau y al excargo de Podemos por el mapa escolar

La investigación judicial sobre el origen y el desarrollo del convenio que el Ayuntamiento y la Universitat firmaron para el desarrollo del mapa escolar ha concluido con suficientes indicios de criminalidad para sentar a los investigados en el banquillo. El titular de Instrucción 19 de Valencia ha dictado el auto de incoación de procedimiento abreviado, que equivale al procesamiento en otro tipo de procedimientos, donde detalla todas las irregularidades en este polémico convenio. Los dos responsables son la exedil de Podemos y portavoz de València en Comú, María Oliver, y el profesor universitario José Manuel Rodríguez. Oliver fue fichada por el vicepresidente Dalmau tras la debacle electoral de los 'morados' en el Consistorio. Pero ya no tiene la confianza de su superior. Victoriano continúa en la Universitat.

Las irregularidades se inician ya en el mismo arranque del convenio. No existió un encargo del Consejo Escolar para hacer el mapa sino que era la propia entidad la que debía hacerlo. Pese a esto se buscó el acuerdo con la Universitat, según el auto. En cualquier caso, además, el instructor apunta a que el Ayuntamiento carecía de las competencias en educación para impulsar este trabajo. El Consistorio dispone de atribuciones muy limitadas en este área.

Tal y como en su día advirtió el Interventor, «no se hizo una convocatoria pública» sin las justificaciones necesarias. Hay un detalle que une a todos los implicados en esta historia: «su pertenencia a un mismo partido político». La asesora de Oliver Mireya Royo, también de Podemos, mantuvo «contactos directos» para este encargo con el docente, que fue miembro de la dirección del partido en la Comunitat. «Se aprecia una cierta premura en convenir», señala el juez. La investigación también ha permitido concluir el escaso «grado de concreción» de la memoria económica, requisito que exige la Intervención y que no estaba en el inicio del proceso.

Pero, aparte de todo lo anterior, los hechos más graves acontecen durante la ejecución del convenio. Cita el juez esa extraña operativa de que «los becarios del Ayuntamiento» trabajaran en el marco de este acuerdo o la subcontratación de la firma Godoy y Asociados «sin que exista ninguna base que legitime» esta externalización. De la resolución se desprende que esa tarea debió ejecutarla la Universitat -precisamente por su cualificación- «y no se preveía la sustitución por un tercero».

Y, ya por último, aparece toda la irregular operativa de la justificación de los gastos ante el Ayuntamiento de Valencia. Por un lado, las horas en teoría facturadas por los profesores como dedicadas al trabajo pero que, en realidad, no percibían remuneración económica. Sin embargo, estos fondos transferidos como pago de las horas se utilizaban para otras adquisiciones. Un informe de la Intervención del Ayuntamiento de Valencia ya dictaminó que ciertos gastos no eran subvencionables. Entre ellos, tal y como adelantó en su día LAS PROVINCIAS, figuran una cámara de fotos Panasonic, un ordenador portátil, otra cámara fotográfica JVC, una mesa de juntas de cristal, una grabadora y un iPad con su funda y teclado. Todos estos desembolsos son llamativos, pero resulta sorprendente que se necesite una mesa de juntas para completar el estudio del mapa escolar de la ciudad.

Al margen de los anteriores artículos, censurados por los expertos del Consistorio, existen otra serie de cargos a la cuenta de la subvención que no estarían totalmente acreditados de acuerdo al objeto del estudio. Entre ellos, gastos en restaurantes, congresos y pago de dietas como, por ejemplo, las de un viaje a París.

El auto no concreta los delitos que englobarían los hechos anteriormente descritos. No obstante, recuerda un primer informe de la Fiscalía en el que ya pidió el procesamiento y en el que aludía a los delitos de prevaricación y malversación. Tras la resolución del juzgado, la Fiscalía y las acusaciones deben presentar su escrito de calificación si consideran que los hechos son constitutivos de delito. El auto es recurrible. Las defensas de los dos investigados tratarán de buscar el amparo de la Audiencia.