El juez de Púnica no ve delito en la causa del Ayuntamiento de Valencia

El caso Púnica en la Comunitat se deshincha con el paso de los meses. La repercusión mediática que generó en los inicios un nuevo asunto de corrupción para el PP ha terminado ya en dos sobreseimientos. El de la rama de Gandia, que salpicó al exdiputado del PP Víctor Soler, ya ha sido archivado tras una breve investigación. Quizá resulta más llamativo el caso del Ayuntamiento de Valencia donde el juez no aprecia indicios delictivos para profundizar en las pesquisas. Ni siquiera se han practicado diligencias desde que el instructor separara la causa en una docena de piezas.

La UCO, en su día, elaboró un informe que vinculaba al entonces concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alberto Mendoza; al diputado autonómico del PP Miquel Domínguez y al actual asesor de los populares en el consistorio, Julio Valero, con la presunta trama de Púnica. El documento señalaba que se habían encontrado documentos que relacionarían a Alejandro de Pedro, uno de los supuestos cabecillas de la red, con «autoridades del Ayuntamiento de Valencia». Los investigadores apuntaron que De Pedro, a través de su empresa Madiva, habría suscrito un contrato de inserción de publicidad institucional en el diario digital 'AhoraValencia', aunque la «realidad material» de los servicios que prestaba De Pedro «estaba orientado al posicionamiento online de noticias favorables al equipo municipal, y en concreto, a los tres cargos citados».

El informe señala que esos servicios de posicionamiento online «se disfrazaban y pagaban» como si fueran una mera inserción publicitaria pese a ser en realidad un pago en especie por esos contenidos favorables a los cargos.

El juez, sin embargo, concluye que los «indicios recabados» no superan en este momento «el umbral de tipicidad», ya que el trabajo realizado por el investigado «parecía estar dirigido a posicionar online las noticias favorables al equipo municipal, enmarcándose más bien esta práctica en el ámbito, sin superarlo, de la promoción, defensa y comunicación de políticas públicas». Todo lo anterior sin perjuicio de que la investigación que resta por practicar «evidencie la intención de pagar con fondos públicos campañas de reputación política puramente personal».

No es la única pieza en la que los indicios delictivos se han evaporado. Hace apenas una semana, el juzgado daba carpetazo a la pieza de Gandia. Estaban investigados el exalcalde de Gandía Arturo Torró, el vicesecretario de Organización y secretario general de esta formación en dicha localidad, Dionisio Oller y el exdiputado del PP Víctor Soler. Las pesquisas se centraban en la supuesta participación de los anteriores, de forma concertada con el empresario Alejandro de Pedro, en trabajos dirigidos a la presunta mejora de la reputación del exalcalde de Gandia a través de las empresas EICO Online Reputation Management. No existió delito.