El juez niega que el informe de Oltra sobre el caso de su exmarido buscara fallos en el procedimiento

Prácticamente todos los medios de comunicación, entre ellos LAS PROVINCIAS, se hicieron eco ayer de estas declaraciones, que se produjeron tras una desayuno informativo sobre la Renta Valenciana de Inclusión. El pasado viernes, sin embargo, en la rueda de prensa posterior al Consell, Oltra evitó responder de manera directa a las preguntas de los periodistas, y remitió a su comparecencia en Les Corts. Era un gesto sorprendente tras una trayectoria de máxima transparencia en este asunto. El pasado lunes volvió a cambiar el criterio. Ahora sí optó por contestar.

La vicepresidenta, como ya hicieran otros cargos que han declarado en el juzgado, aclaró que ese expediente se abrió para saber qué actuaciones se habían hecho con la menor y estudiar todo el procedimiento de atención a la víctima. A la adolescente se le asistió en febrero, pero se concluyó que su relato no era creíble. Ni siquiera se comunicó a la Fiscalía de Menores. No fue hasta julio cuando el ministerio fiscal conoció todos los pormenores a través de una denuncia policial. El 4 de agosto fue la fecha en la que Oltra se enteró de todo este asunto. Y esto se produjo por su vínculo personal, pero no por el cargo de consellera. Fue entonces, días más tarde, cuando se inicia el expediente informativo, bautizado incomprensiblemente como «información reservada».

Así, en palabras de la propia Oltra, se trataba de «saber qué actuaciones se habían realizado, por qué no se había derivado la presunta víctima a Espill; por qué no se le había hecho la atención psicológica de tratamiento que hacía falta. Todo eso se concreta en un Informe, en un expediente Informativo que es como se hacen las cosas en la Administración...»

Pero, en realidad, tal y como concluye el juez, esta no fue la finalidad de este expediente. El dosier fue una «instrucción paralela», según dictaminó la Audiencia en la sentencia que condenó al monitor a cinco años de cárcel. Paulatinamente, el juez parece que se acerca a esa misma interpretación que en su día ya efectuaron los compañeros de la Audiencia. Ahora el instructor trata de obtener la literalidad de las palabras de Oltra. En este sentido pide que se requiera al periódico El Confidencial por si dispone de la grabación de esas afirmaciones de la consellera de Igualdad. Al parecer, las afirmaciones de Oltra fueron grabadas por varios compañeros.

El cerco parece estrecharse en torno a la vicepresidenta tras las primeras declaraciones judiciales y el propio reconocimiento de la dirigente de Compromís. El magistrado de Instrucción 15 de Valencia, sin embargo, no puede citarla como investigada. Pero sí puede reunir indicios acerca de su participación en la supuesta trama para ocultar el caso de esta menor y posteriormente exponerlos ante el TSJ ante una eventual imputación. Un fallo en la instrucción, según se explicó en el juicio, evitó que la conselleria se sentara en el banquillo como responsable civil.

En la misma providencia, el juez ha pedido al Instituto Espill que informe de la cantidad que facturó a la conselleria por el dosier sobre la menor abusada, hoy ya mayor de edad. La acusación personada en nombre de una entidad que dirige Cristina Seguí sostiene que hubo, además de prevaricación, una malversación al destinarse dinero público en todo este proceso con el citado trabajo. Las conclusiones de ese dosier fueron, de nuevo, que la menor carecía de credibilidad. En el citado expediente se incluyeron, además, todos los antecedentes judiciales de la víctima, en una maniobra para desacreditarla, según el fallo de la Audiencia.

El juez ha dado un nuevo impulso a las comparecencias. En el mismo escrito, acuerda la citación de los últimos imputados. Comparecerán el 23, 24 y 30 de marzo. La convocatoria más relevante es la de Rosa Molero, directora general. Se trata del primer alto cargo investigado en estas diligencias. Todos los focos, incluso el judicial, apuntan ya la vicepresidenta.