El juez suspende la pena por fraude fiscal al empresario corruptor de Azud

Fue entonces cuando la hemeroteca arrojó otros asuntos judiciales, de menor entidad, relacionados fundamentalmente con fraudes a la Hacienda pública. En al menos dos de estos procesos, salió indemne pese a que llegó a sentarse en el banquillo. El último de los procedimientos, que se celebró el pasado mes de julio, se cerró con una conformidad, un acuerdo en el que se reconocen los hechos a cambio de una rebaja de pena. Febrer también participó en el pacto para beneficiarse de las consecuencias de admitir su culpabilidad y no celebrar el juicio.

Ahora, el juez, en un auto, ha decretado la suspensión de la pena siempre que no delinca en un plazo de dos años. En contra de la creencia popular no siempre una condena de menos de dos años de cárcel garantiza mantenerse fuera de prisión. En este caso, el titular del juzgado de lo Penal 7, recoge que el asunto cumple todos los requisitos para dejar la pena sin ejecución. En este sentido, cita que el acusado no tenía en la fecha del juicio antecedentes penales por otras condenas –en el caso Azud de momento sólo está investigado–, la pena impuesta no sobrepasa los dos años y, además, no hay responsabilidades civiles pendientes de satisfacer.

Los letrados, el mismo día del juicio, además, plantearon la sustitución del castigo por una multa, pero la Abogacía del Estado se opuso. El magistrado se ha pronunciado también en esta línea al rechazar la solicitud. Febrer sigue en prisión provisional desde el mismo día que explotara esta segunda fase de la operación policial en las diligencias de Azud. Es el único de los investigados iniciales, junto a Alfonso Grau, que permanece en prisión. Se trata de los presuntos cabecillas de la trama sin contar la supuesta participación de Rafa Rubio, exsubdelegado del Gobierno en Valencia y hombre fuerte del PSPV en el Ayuntamiento, en especial, con todo lo relacionado con el urbanismo.

Tras su detención, el exdirigente socialista solicitó desde la cárcel su reincorporación al Ayuntamiento donde tiene una plaza como funcionario, en concreto, en la Oficina Técnica de Devesa-Albufera. Se trataba de mantener una fuente de ingresos en un momento especialmente delicado con su patrimonio bloqueado y su carrera política, en el mejor de los casos, en la cuerda floja. Desde su salida de prisión, volvió a su ocupación inicial. Anticorrupción sospecha que cobró una comisión de 300.000 euros y posteriormente utilizó el conocido como método del pitufeo, ingresos periódicos en cuentas bancarias, para camuflar el origen.