La jueza de la F-1 abre la puerta a la querella de Camps contra la Abogacía

Francisco Camps está decidido a cambiar el signo de la causa de la Fórmula 1. No sólo confía en un próximo archivo del asunto

–Anticorrupción pidió ya el sobreseimiento– sino que pretende acusar a la Generalitat por los métodos empleados para tratar de alargar esta instrucción. De hecho, en una reciente providencia, la jueza insta a la representación letrada del expresidente a que designe el material de esta pieza que se utilizará para la querella. En el mismo escrito del juzgado de Instrucción, se aprovecha para citar a la directora general de la Abogacía, una de las testificales que quedaban pendientes tras la comparecencia de Andreu Ferrer, mano derecha de Ximo Puig y responsable político de la Abogacía.

El planteamiento de la defensa de Camps va más allá de estas citaciones, sin apenas trascendencia para el futuro judicial del aval. El letrado pretende querellarse contra la Abogacía por el encargo de una pericial. Cuando la Audiencia decidió reabrir la causa –sólo por esa garantía mientras validaba toda la negociación de la F1– sugirió que la vía para profundizar en si existía una prevaricación al constituirse la Generalitat en avalista de Valmor eran periciales sobre ese particular.

La Abogacía encargó un trabajo de esta naturaleza a un despacho de abogados. Camps pagó otro a un catedrático de la Politécnica. Pero el letrado del expresidente argumenta que la Abogacía no tiene capacidad para contratar, tal y como parece que hizo. Pero es que, además, según sostiene, la propia Abogacía es el órgano de consulta y asesoramiento del Consell sin que pueda ausentarse de esa responsabilidad. Es decir, que debió ser el organismo el que informara a través de un informe.

Todo lo anterior con independencia de la forma de seleccionar o contratar a los abogados informantes y del proceso administrativo que se siguió en la contratación. Estos extremos, según la representación de Camps, serán los nuevos vértices de la investigación en caso de que otro juzgado acepte las diligencias.

La querella a raíz de esta causa del aval de la F-1 no la instruirá la jueza actual sino que el expediente se enviará al decanato para que se proceda a su reparto. El expresidente de la Generalitat conocía esta semana el archivo de los contratos de la visita del Papa a Valencia tras cinco años de pesquisas. La Generalitat al igual que la Fiscalía mantenían la tesis de que se malversaron fondos en una fundación que era pública. Las defensas sostenían lo contrario, que era privada y que no debió someterse a la Ley de Contratos Públicos. Tanto la jueza de Instrucción como la Audiencia dieron la razón a los investigados en un auto ciertamente duro con las acusaciones. A Camps, en Valencia, sólo le queda la causa del aval de la F-1. Pero la mayor amenaza para su reputación está en la Audiencia Nacional donde se sentará en el banquillo por las adjudicaciones de la Generalitat a la trama Gürtel.