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Caturla, acompañado de su abogado, en las proximidades de la Ciudad de la Justicia. damián torres

La jueza acuerda un informe de los bienes de Caturla para apuntalar el alzamiento

La acusación pretende acreditar que el político quería ser insolvente para no responder en una eventual condena por el caso Imelsa

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 25 de agosto 2021, 23:48

Máximo Caturla, exsecretario autonómico de Educación y consejero delegado de Ciegsa, ocupa un papel capital en la supuesta trama corrupta que lideraba Alfonso Rus. Como apunte en su biografía judicial, destaca que escribió de su puño y letra algunos consejos ... de cómo debía actuar al ser detenido o interrogado por la Fiscalía Anticorrupción. Entre sus recomendaciones futuras, sobresalía esta: «No te creas que ganas al fiscal; siempre humilde».

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Aparte de los problemas propios de la red delictiva –se enfrenta a doce años de cárcel por la contratación de asesores zombies en Ciegsa, por ejemplo–, el ex alto cargo tiene otros frentes abiertos por tratar de ocultar su patrimonio con una serie de extrañas operaciones. De esta forma trataba de no responder con su dinero ante la Justicia. La UCO detalló en un informe hace meses todas estas operativas.

Recientemente, la Fiscalía ha dado un paso más y ha pedido una pericial que acredite que Caturla a través de la mecánica descrita por los investigadores se situó de manera deliberada en una posición de insolvencia. La diligencia está acordada, pero el juzgado se está encontrando con dificultades para conseguir un experto que elabore el dictamen. Al parecer, son varios los especialistas que han rechazado el encargo.

Se trata de una situación que, en ocasiones, se da en otros juzgados pero por las características tan específicas que se piden en el informe. Ocurrió, por ejemplo, en el caso Ivacor, a la hora de encontrar a peritos que evaluaran los trabajos efectuados en libros de coleccionista. No parece que sea el supuesto de Caturla. Este informe es una de las últimas diligencias en una pieza, se desligó por completo de las de Imelsa, que afronta su recta final. Caturla acudió al juzgado el pasado mes de octubre para dar su versión de los hechos acerca del traspaso de su patrimonio y declaró que vivía con una nómina de 1.200 euros.

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Los investigadores desgranaron las sospechosas maniobras de Caturla. Reconstruyeron sus operaciones financieras desde el arranque de las pesquisas judiciales, en el verano de 2014, hasta enero de 2016 cuando se desarrollan las detenciones y registros domiciliarios. La conclusión de los agentes es que a través de ventas, préstamos ficticios y donaciones se deshizo de su patrimonio personal a favor de su empresa Estilo Kiki, dedicada a la producción de tomate, que pasó a manos de sus hijos tras cederles las acciones. Se quedó con el usufructo de las participaciones.

Las propiedades de Caturla eran cuatro inmuebles: la finca la Corona con un vivienda en el terreno, un chalé en Dénia, una parcela rústica de 14.000 metros en Fontanars dels Aforins y la mitad de una nave industrial en ese mismo municipio. Además, tenía 18 vehículos a su nombre entre motos, coches, remolques y maquinaria agrícola. En algún caso, incluso vehículos históricos como un Jaguar E tipo 4.2. Disponía del 54% de la empresa Kiki; llegó a tener el 80%. Pero decidió traspasar parte de las acciones a su mujer y uno de sus hijos, según la UCO. La mercantil tenía naves, solares, fincas rústicas, un piso en Valencia, en JJ Dómine, y varias plazas de garaje también en la ciudad.

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