La jueza archiva la causa de Valmor que impulsó el fiscal Torres

El juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha dictado un auto por el que archiva la causa abierta por la compra de la empresa Valmor por parte del Consell. El precio de aquella operación, fusión por absorción, fue de un euro. La Generalitat asumió toda la deuda de la mercantil, algo más de 20 millones de euros. Este procedimiento, tras más de cuatro años de pesquisas, no se dirigía ahora contra ningún investigado.

La querella que presentó en su día el fiscal Anticorrupción Vicente Torres, hoy magistrado del TSJ con el apoyo de los socios del Botánico, sostenía que la consellera Lola Johnson engañó a todos los miembros del Consell para que aceptaran adquirir la mercantil. Según la denuncia, nunca les dijo que eso suponía asumir también la deuda, alrededor de 30 millones. Pero la realidad es que tras la declaración de Johnson en otra pieza de esta causa, la que aún se mantiene viva por el supuesto aval del Consell a Valmor, la causa se archivó para ella.

De hecho, la jueza recuerda que una vez se produjo ese sobreseimiento y el de Belén Reyero, otras de las sospechas de la organización del evento automovilístico, se procedió a la división de piezas de la investigación. Desde entonces no se han practicado más averiguaciones, tal y como recoge la instructora. Y ya no se pueden practicar nuevas diligencias. Los plazos de investigación ya se han agotado.

La titular del juzgado asume la tesis de Anticorrupción, que pese a haber impulsado inicialmente la investigación, optó a mediados del año pasado, tras la marcha del anterior encargado de la causa, por cambiar de criterio y solicitar el archivo. Con aquella decisión, fiscalía culminó un viraje a una posición que arrancó en términos completamente opuestos a los actuales.

La compra de Valmor por un euro amenazaba con poner en duda la actuación de Alberto Fabra. En su día, cuando la fiscalía se querelló tras la denuncia del PSPV sobre el evento automovilístico, el fiscal pidió la citación (como testigos) de todo el Consell del dirigente popular. Al apartarse del caso, fiscalía dejó a la Abogacía de la Generalitat como única parte que todavía mantenía la acusación. Pero sus «extensas alegaciones no resultan convincentes», indica la jueza. El Tribunal de Cuentas, en su día, también descartó la responsabilidad contable de varios altos cargos de la Generalitat por la compra de Valmor, entre ellos algunos que ni siquiera estaban investigados en el ámbito penal.

La instructora acoge ahora el criterio de Anticorrupción que, en resumen, apunta a que el Consell decidió adquirir la empresa Valmor para evitar que no se organizara el Gran Premio de automovilismo y la Comunitat fuera penalizada con cerca de 70 millones de euros por incumplir el contrato firmado con Bernie Ecclestone. No parece que esta decisión respondiera «pura y simplemente» a la voluntad del funcionario o político de turno, resuelva la jueza. En este caso, la decisión fue adoptada ya por Alberto Fabra.

La Abogacía, en cambio, mantenía -está por ver si recurre la decisión a la Audiencia tal y como hizo en la anterior pieza- que todo este operativo se hizo para favorecer a los socios de Valmor, entre ellos Jorge Martínez Aspar, que no podían seguir con la firma debido a las altas pérdidas que le generaba el negocio. La Generalitat sostiene que el informe que hizo Garrigues y que la Sociedad Proyectos Temáticos presentó para avalar la operación fue encargado por Valmor y no por la administración. Es decir, que fue Valmor la que planteó y forzó la compra en la que salió beneficiada. La juez responde que esto es una interpretación de los hechos, pero otorga más valor a la explicación del ministerio fiscal.

Todavía hay dos causas más relacionadas con la Fórmula 1. Por un lado, el aval de la Generalitat a Valmor es el único aspecto aún controvertido de todo el evento automovilístico. La Audiencia ratificó el resto de la gestión de Francisco Camps. También hay otro asunto abierto por los amaños de contratos de Circuito Motor.