La jueza de Azud prorroga el secreto de las investigaciones que inquietan al PSPV

Se desconoce, como es lógico estando vigente esta medida excepcional, el contenido de esas investigaciones y a las personas que implica directmente. Pero el PSPV mantiene desde el inicio de la causa un cierto temor acerca del desenlace de estas diligencias ya que tanto el exsubdelegado del Gobierno, Rafa Rubio, como el histórico responsable de las finanzas del partido Pepe Cataluña figuran como investigados en la rama principal del sumario.

Mientras el papel de Rubio parece más claro -el supuesto cobro de una comisión de 300.000 euros por allanarse a un proyecto urbanístico-, el de Cataluña remite directamente a las opacas fuentes de financiación del partido socialista. De hecho, algún informe policial apunta precisamente en esa dirección. Informaciones relevantes en ese sentido con las elecciones autonómicas en un horizonte temporal de siete meses complicarían el discurso de la ejemplaridad de los socialistas independientemente de que se trate de hechos de hace más de una década.

La instructora, por otra parte, ha decidido levantar el secreto sobre parte de la información requisada en los ordenadores, discos duros y móviles intervenidos en su día durante la operación policial. Pero de nuevo, en este punto, se plantean los problemas que han lastrado esta instrucción y que han motivado quejas por la supuesta indefensión que genera esta situación a los letrados. «Dicho material será entregado a en el momento en que se dispongan de dispositivos aptos para proceder a su copia, que deberán ser proporcionados por las partes en el momento en que se disponga de la información sobre la capacidad requerida».

El problema de este trasvase de la información desde el juzgado a las defensas se arrastra desde que se levantara el secreto parcial ahora hace más de seis meses tras más de cinco años de secreto de estas actuaciones. Técnicos del departamento de Justicia y personal del juzgado de Instrucción 13 de Valencia, el encargado del macrosumario de Azud, se pusieron a trabajar en este aspecto antes del verano.

El quid de la cuestión reside en la imposibilidad –por tiempo y dispositivos– de descargar los archivos que ahora mismo se encuentran en una nube del juzgado. Se pensó en una plataforma alternativa, el portal Acceda, dependiente del Ministerio de Justicia. Pero tampoco parecía suficiente.

La idea a la que llegó el departamento que dirige Gabriela Bravo fue la contratación de una empresa externa que se encargaría de descargar los pesados ficheros, de varios terabytes, en diferentes dispositivos que se harían llegar a las partes, cerca de 70 letrados personados en esta macrocausa. Se trata de uno de los sumarios con más imputados de los que ahora mismo se tramitan en Valencia.