La jueza del circuito de la F-1 arremete contra la fiscalía y critica la investigación

A la titular del juzgado de Instrucción 17 de Valencia no le ha sentado bien el cambio de criterio de Anticorrupción en la causa del circuito de la Fórmula 1. Esa reinterpretación de las consecuencias penales de los hechos por parte del ministerio público ha puesto en evidencia ciertas debilidades del relato que elabora la jueza en su auto de procesamiento.

La magistrada, al margen de rechazar los recursos de los investigados -algo que era más que previsible- resulta especialmente crítica con la actuación de la fiscalía. Incide, por un lado, en el cambio de criterio, pero también arremete contra Vicente Torres, el fiscal encargado de las diligencias hasta que recientemente ha ocupado la plaza de magistrado autonómico de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ.

La novedosa posición de Anticorrupción deja la causa a expensas de lo que decida la Abogacía de la Generalitat. Todo apunta a que ejercerá la acusación porque, de hecho, ya está informando en contra de las peticiones de archivo de varios investigados. Pidió incluso el procesamiento para la mano derecha de Camps, Belén Reyero, después que se hubiera quedado fuera de la causa. Pero la jueza lo ha rechazado.

Afrontar un juicio de esta magnitud con un informe de la Intervención que asegura que no existe un perjuicio y con un escrito exculpatorio de la fiscalía augura escasas posibilidades de éxito para la Generalitat. Y ahí es donde parecen surgir las dudas en los funcionarios. Más teniendo en cuenta que en la otra derivada de la F-1, la organización del Gran Premio por parte de Valmor, la Generalitat ya mantiene la acusación en solitario. La otra jueza que llevaba este asunto lo archivó y la fiscalía no recurrió.

La instructora reprocha a Anticorrupción que ahora pida el sobreseimiento al no apreciar la malversación y determinar que la prevaricación ha prescrito. «Resulta sorprendente y poco serio», comienza en su respuesta al ministerio público. En un tono especialmente contundente con la actuación del ministerio público -cita directamente a todos los profesionales que han intervenido- se permite incluso reprochar el curso que han seguido las diligencias de investigación penal en la fiscalía, procedimiento previo a la judicialización. Recuerda que se pidió una prórroga y ya entonces adelantó que era necesario un informe a la Intervención General que, sin embargo, el fiscal nunca solicitó. La pericial fue encargada por la Generalitat, corrige la jueza. Incluso sugiere que si entonces hubiera presentado la querella ahora la causa no habría prescrito. Es decir, de manera implícita, admite la caducidad de la responsabilidad penal.

Además, la instructora recrimina al fiscal que fue el investigado Francisco Camps quien en un recurso ya planteó esta cuestión y que la propia acusación se opuso. Sin embargo, ahora, con el cambio de responsable del caso, sí que aprecian que se ha extinguido las consecuencias penales de aquellos hechos.

El auto, dirigido más a la crítica de la actuación fiscal que a rebatir la argumentación final, recuerda que la acusación no pidió prórroga de las actuaciones pese a que otro compañero suyo, Jesús Carrasco, en un escrito que presentó así lo anticipaba. En definitiva, la instructora se queja de que todo lo que ha alegado ahora la fiscalía ya lo sabía con anterioridad a la presentación de la querella. Incluso pese al informe de la Intervención, cuyas conclusiones adelantó LAS PROVINCIAS, se mantuvo la causa viva y no fue que ella dictó el auto cuando se solicitó el archivo. Un dosier que, por otra parte, y que según el criterio de la jueza, «no implica que no existiese perjuicio económico ni menos aún malversación». No ve el informe relevante para proceder al archivo.

Respecto a las posibles mordidas por obras en el trazado, rechaza la magistrada que ese asunto ya se esté analizando en otro procedimiento en la Audiencia Nacional. Es más, se pregunta por qué entonces envió la fiscalía parte de la confesión que Ricardo Costa hizo en una declaración secreta en la sede del ministerio público. Incluso recuerda que donde ahora la fiscalía alega «cosa juzgada» con anterioridad ha utilizado el argumento de que se trata de investigaciones diferentes para oponerse, por ejemplo, a la petición de sobreseimiento de Vicente Rambla.