La jueza del caso Corbín imputa a cinco cargos de las nuevas firmas salpicadas

El caso Corbín sigue sumando nuevos imputados a las diligencias secretas que se siguen en el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia. El cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá está investigado por el supuesto cobro de comisiones de empresas contratistas del Ayuntamiento de Valencia a cambio de una supuesta intermediación en el presunto amaño de adjudicaciones públicas. Hasta la fecha se conocía que tanto responsables de la empresa Secopsa, que se encarga de la limpieza de una parte de la ciudad, como de la constructora Cleop, con Carlos Turró a la cabeza, se encontraban investigados. Pero la jueza ha decidido ahora citar como investigados a otros exdirectivos de conocidas mercantiles para que aclaren qué relación pudieron tener con el despacho de José María Corbín.

Los investigadores pretenden averiguar si la supuesta facturación que existiría a favor del despacho profesional responde a unos servicios reales o simplemente sería el artificio para el pago de determinadas cantidades de dinero. Los empresarios investigados son Jaime María Febrer y Juan Vicente Hermosilla Tro. Ambos lideraban la mercantil Construcción Valencia Constitución. Se trata de una de las inmobiliarias más activas de la ciudad hace una década, pero disuelta hace unos años. En su día, la firma participó en varias operaciones como la compra de los antiguos terrenos de los depósitos de CLH junto al puerto por 300 millones de euros.

La jueza también ha convocado en el juzgado a Fernando Huet, el que fuera apoderado de la constructora Cyes. Hoy ya no trabaja en la firma. La mercantil era una de las habituales de la obra pública en la Comunitat. Su nombre ha aparecido ya en las pesquisas por la financiación ilegal del PP en la ciudad de Valencia, en el sumario del caso del Puerto de Valencia -archivado finalmente- así como en el reciente auto de la Fórmula 1 en el que se procesa a Francisco Camps.

Otros de los directivos convocados en el juzgado son Asunción Albalat y Marceliano Alfaro. Se trata de exdirectivos de la empresa Ocide Construcciones. Una de las contratistas habituales del Ayuntamiento. De igual modo, los responsables de Secopsa y Cleop también deberán acudir al juzgado de la instructora. En su día, al parecer, se acogieron a su derecho a no declarar en el cuartel de la Guardia Civil, que dirige la operación. Al encontrarse la causa secreta, los abogados recomiendan a sus representados que se acojan a su derecho a no declarar. Tendrán posibilidad de hacerlo cuando el secreto se haya levantado y conozcan todos los detalles con los que cuenta la acusación. Hasta la fecha sólo Diego Elum, colaborador y amigo de Corbín, ha prestado declaración. Lo ha hecho en dos ocasiones, la primera tras ser detenido y luego en una comparecencia posterior requerido por la jueza.

Los investigadores siguen trabajando en sus informes. Han recabado documentación del club Levante UD y del Club de Tenis Valencia, entre otras instancias. Las pesquisas han salpicado también a las tres hijas del letrado y a su mujer, la que fuera jefa de gabinete de Rita Barberá.