La jueza encarga rastrear el patrimonio de Rus y Caturla en el extranjero

El juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga el caso Imelsa y todas las piezas derivadas de la macrocausa, ha acordado solicitar el rastreo patrimonial en el extranjero de los principales investigados en el expediente, como Alfonso Rus, Máximo Caturla y Marcos Benavent. 

La búsqueda de las propiedades fuera de España se acuerda cinco años después de que se iniciara la causa, lo que puede haber permitido a los sospechosos esconder parte del dinero que supuestamente percibieron de comisiones por amaño de contratos. Anticorrupción incluye también en este listado a Mariano López, el suegro de Benavent y quien custodió las grabaciones incriminatorias hasta que se las entregó a Rosa Pérez, la actual consellera de Transparencia.

El encargo del juzgado lo ejecutará la conocida como Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (Orga), un organismo que fue creado precisamente para colaborar con las autoridades judiciales en la búsqueda de patrimonio en causas de especial complejidad como la de Imelsa. La entidad nació tras la reforma del Código Penal de 2015 y depende del Ministerio de Justicia.

No es la primera vez que asume responsabilidades en asuntos de corrupción de la Comunitat. Por ejemplo, desde hace cerca de un año, maneja alrededor de siete millones de euros en efectivo de la operación Erial que la Fiscalía atribuye directamente al exministro Eduardo Zaplana. El objetivo, obtener rentabilidad.

Salvo mandato judicial, la Orga únicamente puede consultar los registros públicos. Pero en el caso de que un juzgado lo autorice, los especialistas pueden acceder a información confidencial o reservada. El organismo puede ahora intercambiar información con agencias de otros países en la búsqueda de cuentas, fondos o bienes siempre que lo considere necesario para la ejecución del encargo del juzgado.

El auto de la jueza incluye también la averiguación del patrimonio de otros personajes, quizá secundarios en la trama, como el exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Juan José Medina o Jaime Úbeda, uno de los considerados testaferros de Benavent. De igual modo, el juzgado incluye a José Estarlich otro de los considerados 'hombres de paja' del exgerente y que dijo sentirse engañado por el conocido como yonki del dinero.

Máximo Caturla, exconsejero de Ciegsa y mano derecha de Alfonso Rus, siempre ha concentrado buena parte de las sospechas de los investigadores. De hecho, durante la operación policía, perros especializados en la localización de dinero, inspeccionaron su chalé en busca de este material. No lo encontraron. Posteriormente, una investigación ha permitido abrir otra causa contra él –al margen de la del cobro de comisiones por colegios– por traspasar todo su patrimonio a su empresa e hijos para tratar de salvaguardar ese capital en el caso de una hipotética condena en el caso Imelsa. Esta pieza es la más reciente de toda la macrocausa.