La jueza investiga también a una hija y al yerno de Eduardo Zaplana por blanqueo

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València ha incorporado a la causa conocida como caso Erial en calidad de imputados a María Zaplana, hija del expresident de la Generalitat Valenciana y exministro, y a su marido en el marco de una investigación sobre blanqueo de capitales.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, la jueza mantiene sospechas sobre los pagos de un piso ubicado en la céntrica calle de Pascual y Genís de la capital valenciana -donde fue detenido Eduardo Zaplana en mayo del año pasado- cuya contratación, al parecer, efectuó María Zaplana.

Fuentes del entorno del exministro han informado de que el alquiler de ese piso fue gestionado por María Zaplana para que lo ocupase su padre en las constantes visitas que debía hacer a Valencia para tratarse de la leucemia que padece y por la que fue trasplantado de médula, y la familia abandonó ese inmueble cuando Eduardo Zaplana fue ingresado en prisión.

Al parecer, el propietario de esta vivienda, según han explicado a EFE personas cercanas al exministro, se encuentra huido de la justicia y está siendo objeto de una investigación por parte de la Guardia Civil.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Eduardo Zaplana como supuesto jefe y administrador oculto de una red corrupta que, según la Fiscalía Anticorrupción, pudo haberse apropiado de unos 10,5 millones de euros procedentes del cobro de comisiones.

En el caso Erial se investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos durante la gestión al frente de la Generalitat de Zaplana, que está en libertad provisional tras más de ocho meses en prisión.

Junto a él están procesados, entre otros, el abogado Francisco Grau, el exdirectivo de Terra Mítica Joaquín Barceló, el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Juan Cotino; la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y la secretaria personal del expresident, Mitsuko Henríquez.

Sobre todos ellos pesan acusaciones de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y pertenencia a un grupo criminal.