La jueza procesa a Camps, Rambla, Flores, cargos de GTP y empresarios por la construcción del circuito de la F1

La jueza del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha decidido procesar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps; al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla; al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios, en la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en Valencia. Entre estos últimos, se encuentra el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja.

Sobre Camps, la jueza sostiene que «impulsó» y «permitió» la construcción del circuito «con la única intención de proyectar su imagen» como máximo representante de la Comunitat «al margen de las funciones propias» de su competencia de presidente; de la legislación aplicable y «utilizando indebidamente los fondos públicos, alterando datos y fechas en documentos de expedientes administrativos, dándose trato de favor a determinadas empresas que resultaban beneficiadas de adjudicaciones públicas por donaciones y entregas de dinero no hechas de modo altruista, sino con carácter finalista, para obtener como contrapartida adjudicaciones irregulares».

En total, son 16 los procesados mientras que la instructora ha acordado el archivo del caso para otras 17 personas, entre ellas, el que fuera secretario autonómico de Deportes y ex secretario general del PP, David Serra, y la asesora del expresidente Belén Reyero, trabajadores y representantes legales de otras constructoras y empresas.

La magistrada señala en el auto de incoación de procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press, que alcanza esta decisión tras el resultado de las diligencias de investigación e instrucción practicadas; las declaraciones de investigados y testigos; informes de Guardia Civil y Policía; documental procedente de los registros o requerida a la administración y el informe de la Intervención de la Generalitat, que revelan indicios «suficientes, sólidos, razonables y consistentes» contra Camps por prevaricación, malversación y falsedad documental; cohecho y/o tráfico de influencias.

En el auto, la jueza da traslado a Ministerio Fiscal y Abogacía de la Generalitat para que en diez días formulen escrito de acusación, pidan apertura de juicio oral, el archivo de la causa o soliciten la práctica de diligencias complementarias. La resolución no es firme por lo que cabe la interposición de recurso.

Tras conocer la decisión judicial, el expresident de la Generalitat Francisco Camps ha declarado que recurrirá su procesamiento ya que, en su opinión, la jueza sustenta su decisión en un análisis que «excede de sus competencias». Camps, en declaraciones a Efe, ha indicado que durante la instrucción se ha probado que «ni la Intervención de la Generalitat, ni la Sindicatura de Cuentas ni la Abogacía de la Generalitat pusieron nunca ningún reparo o problema» a la construcción del circuito.

Por este motivo ha afirmado que la jueza «excede sus competencias» al intentar situarse por encima de los sistemas de control de la administración autonómica, «que es a quienes les corresponde el análisis jurídico y fiscal de la administración». Ha añadido también que la Intervención de la Generalitat ha emitido un informe incorporado a la causa en el que «asegura que no ha habido ningún daño para el erario público y que toda la contratación estaba bien hecha».

En este sentido ha afirmado que «el coste cero del circuito es una realidad porque dos tercios del trazado están abiertos al público y forma parte de la trama urbana de la ciudad». También ha considerado que la jueza no puede basar su procesamiento en la afirmación de que el expresident promovió la construcción del circuito para obtener un rédito político ya que, en opinión de Camps, «las cuestiones políticas deben sustanciarse en el parlamento o en la opinión pública», pero no deben ser consideradas por un juzgado.