El futuro de Carlos Gil, diputado provincial del PP, se antoja ciertamente complicado. El juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto, con competencias en violencia contra la mujer, ha dictado el auto de incoación de procedimiento abreviado, una resolución que equivale al procesamiento. Se trata del primer auto donde se relatan los indicios delictivos y se le atribuyen al supuesto autor. Ahora se dará traslado a la Fiscalía, el asunto lo lleva una fiscal especializada en delitos de esta naturaleza, para que acuse si considera los hechos delictivos o en caso contrario solicite el sobreseimiento de las actuaciones. Todo hace pensar que optará por la primera de las posibilidades. También podría, si lo cree necesario, pedir nuevas diligencias para tratar de obtener más indicios de lo sucedido en el domicilio de la pareja.
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Los hechos se remontan a principios de septiembre, en Canet d'en Berenguer. El diputado popular fue denunciado por su mujer –se encontraban en trámites de separación– tras un violento episodio. Eran alrededor de las diez y media de la noche.
La víctima presentaba marcas en cuello y brazos, según informaron en su día fuentes conocedoras del caso. De inmediato, el juzgado que estaba de guardia acordó una medida de alejamiento del diputado de 80 metros respecto a su pareja.
Gil trató de anular esta protección provisional y recurrió la decisión de la instructora a la Audiencia que, no obstante, confirmó la orden de alejamiento. En su día la Sala apreció suficientes indicios de una situación de riesgo para la víctima, según el atestado policial. Los magistrados añadieron también la existencia de un parte de lesiones y subrayaron «el ataque de ansiedad» que sufrió la hija, tal y como informó en su día LAS PROVINCIAS.
La jueza ve indicios de la comisión de un delito de violencia de género que podría verse agravado al cometerse los hechos en presencia de una menor de edad, tal y como ya se recogía en la resolución de la Audiencia. También aprecia la existencia de un delito leve de injurias.
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El primero de los ilícitos, sin duda el más grave, está castigado con penas de prisión de seis meses a un año o con una condena a trabajos en beneficio de la comunidad. Se impondría la mitad superior por la presencia del menor.
Carlos Gil tenía cierto predicamento en el PP de Valencia. Era uno de los coordinadores de la dirección provincial del PP que encabeza Vicent Mompó, además de hombre de confianza de éste y del expresidente provincial Vicente Betoret. Gil era también coordinador del grupo popular de la Diputación de Valencia y alcalde de la localidad de Benavites.
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La dirección de los populares procedió tras conocerse la noticia a suspenderle de militancia siguiendo el código interno de la organización y también le revocó la coordinación en la Diputación. Pero siguió asistiendo a los Plenos, según ha podido comprobar LAS PROVINCIAS,
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