La jueza rechaza citar al testaferro de Zaplana que entregó los seis millones

Jarro de agua fría para la estrategia de defensa de Eduardo Zaplana en la investigación abierta por el supuesto cobro de comisiones por adjudicaciones de la Generalitat. Una de las principales peticiones del expresidente era lograr la convocatoria del abogado uruguayo Fernando Belhot, el que confesó ser testaferro del exministro y entregó en el juzgado casi siete millones de euros. Zaplana siempre ha negado que esa cantidad le perteneciera y que tuviera fondos en el extranjero.

La diligencia era primordial para el político popular porque pretende interrogar directamente al experto financiero. La confesión de Belhot, que declaró como testigo, se produjo durante un viaje de la jueza y el fiscal Anticorrupción a Uruguay. La causa estaba entonces bajo secreto y, por tanto, el resto de partes no pudieron participar.

Zaplana quiere atacar la credibilidad del testigo porque durante la investigación del caso Lezo en una comparecencia ante los agentes de la UCO señaló que el expresidente no disponía de fondos en el extranjero y que él no se dedicaba a manejar este tipo de entramados financieros. No será posible.

De igual modo, la instructora no considera relevante la declaración del exconseller de su Gobierno, Diego Such. Fue el máximo responsable de Empleo, Industria y Comercio y, según los dosiers de Antifraude, quien licitó, aprobó el pliego y resolvió sobre la adjudicación de las estaciones de control de vehículos. Era otra de las testificales reclamadas por el exministro. En cambio, sí comparecerá en el juzgado de Instrucción 8 de Valencia que investiga los hechos, el especialista que contrató el exministro para que elaborara una pericial con la que demuestra que todos las propiedades que ha adquirido a lo largo de su vida se justifican con sus sueldos. Zaplana tenía una nómina de alto directivo en Telefónica.

Otra de las comparecencias a las que ya ha puesto fecha pretende aclarar la extraña operativa del alquiler del céntrico piso de Zaplana en Valencia durante el tratamiento de su enfermedad en La Fe.

El arrendamiento era abonado por el yerno del expresidente. En total, sufragaba unos 3.500 euros mensuales por el piso de Pascual y Genís. Este depósito, al parecer, tendría alguna relación con Miroslav Schopoff, un empresario que tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional por fraude fiscal y blanqueo de capitales, según un informe de Anticorrupción. Fuentes cercanas al empresario indicaron en su día que a él no se le imputa ningún delito, sólo a una mercantil. El ministerio fiscal sostiene que el empresario subarrendó la vivienda al entorno de Zaplana por 1.000 euros más de los que él pagaba como alquiler. Además, según el fiscal, se hizo pasar por el propietario del inmueble cuando no lo era. El bien pertenece a una empresa. Todo esto resulta extraño y anómalo, según el fiscal.

La comparecencia del responsable de la agencia que gestionó este alquiler sin comprobar quién era el propietario del piso se presenta como necesaria para aclarar el papel de intermediario. Además, la fiscalía ha pedido el plan de prevención de delitos de esta mercantil.