La jueza rechaza reabrir Valmor y apunta a que la Generalitat no quiso investigar

Jarro de agua fría -esperado, por otra parte- para la Generalitat en su intento de lograr la reapertura judicial de la compra de Valmor por un euro por parte del Consell. La titular del juzgado de Instrucción 2 dio carpetazo al asunto hace unos meses con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción. Pero la Abogacía se resistía a que el asunto, que afectaba ya a la etapa de Alberto Fabra en el Consell, quedara archivado y recurrió la decisión.

La jueza incide en su respuesta a la Generalitat en la ausencia de un interés de las partes por indagar. En este sentido recuerda que durante todo el plazo de investigación "no se propuso por ninguna de las partes personadas diligencias de prueba concretas" lo que a juicio de la instructora "lleva a pensar que no había un interés en proseguir activamente" con las pesquisas.

De hecho, una hipotética reapertura de la causa plantearía el problema de contra quién dirigir el procedimiento ya que los plazos están agotados. Además, contesta a la Generalitat que no aporta ni un dato novedoso de los que ya había planteado anteriormente para atacar su primera resolución de sobreseimiento.

En aquel escrito de la Abogacía se sostenía que todavía no había un pronunciamiento definitivo del Tribunal de Cuentas acerca de la responsabilidad por alcance por la compra de Valmor. Se trataba de un proceso por el que se reclamaba 24 millones de euros a la exconsellera Lola Johnson y otros exdirectivos de Circuito Motor y, como alternativa, otros 14 millones a la exconsellera Trini Miró y a los mismos directivos. Ahora ya hay pronunciamiento exculpatorio y, además, es definitivo porque la Generalitat ha rechazado acudir al Supremo para evitar que la condena en costas -las defensas la sitúan por encima del millón de euros- siga creciendo.

La instructora aclara en esta breve resolución, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), que el hecho de que ratifique su archivo no significa que la solución propuesta y ejecutada por el Consell -comprar Valmor y asumir los 20 millones de deuda- fuera la única posible sino que esa determinación no parece, a su criterio, "ni ilegal ni arbitraria", por lo que no se puede hablar de prevaricación.

La titular del juzgado asume la tesis de Anticorrupción, que pese a haber impulsado inicialmente la investigación, optó a mediados del año pasado, tras la marcha del fiscal Vicente Torres, anterior encargado de la causa, por cambiar de criterio y solicitar el archivo. Con aquella decisión, fiscalía culminó un viraje a una posición que arrancó en términos completamente opuestos. Así el último relato de los hechos es que el Consell decidió adquirir la empresa Valmor para evitar que se cancelara el Gran Premio y la Comunitat fuera penalizada con cerca de 70 millones de euros.

La Abogacía, en cambio, mantiene que aquello se hizo para favorecer a Jorge Martínez Aspar, socio de la mercantil y amigo de Francisco Camps, y que los informes de despachos externos que avalaban la compra, entre ellos el de Broseta, fueron encargado por Valmor.