La jueza suspende todas las declaraciones de la visita del Papa y pide más documentos

La jueza ha suspendido sin fecha las declaraciones de todos los investigados por las contrataciones de la Fundación V Encuentro para la visita del Papa a Valencia. Entre los principales imputados que debían comparecer en el juzgado de Instrucción número 5 de Valencia en las próximas semanas, figuran Francisco Camps, Víctor Campos y Juan Cotino, como supuestos responsables políticos de las irregularidades detectadas. Pero el escándalo también ha salpicado al Arzobispado con la citación de uno de los obispo auxiliares de Valencia Esteban Escudero y del exsecretario del Arzobispado y hoy párroco de San Nicolás, Antonio Corbí.

Todas las declaraciones se han aplazado sin fecha, según ha acordado recientemente la instructora. Únicamente se mantiene la declaración del responsable de la Intervención General del Estado, como testigo, para mediados de enero. Los informes periciales han sido concluyentes a la hora de detallar todas las irregularidades que se cometieron en la contratación de los proveedores del evento religioso.

El motivo de la suspensión es que la juez ha ordenado a la Generalitat que remita documentación relacionada con las contrataciones para la visita del Papa, en concreto, las actas de las reuniones que se celebraron para impulsar la organización de los actos religiosos. Se trata de unos expedientes que han sido reclamados por las partes. Las defensas no quieren que sus clientes sean interrogados sin consultar la información que contienen esos documentos. Corbí, además, también ha pedido la declaración como testigo de Jorge García Andrade, profesor de Derecho de la Universidad de Alcalá.

La Intervención del Estado censuró en su informe la gobernanza de la Fundación V Encuentro. La sociedad, integrada por Generalitat, Ayuntamiento y Arzobispado, pudo gestionarse de una manera delictiva, según el dosier entregado en el juzgado y que completa otro de la Intervención de la Generalitat que se aportó a la investigación hace ya más de dos años. Las conclusiones del órgano auditor del Estado alerta de irregularidades detectadas en los contratos con 11 empresas diferentes, pero también «de la gestión de los fondos dotacionales» durante el periodo de la fundación. «Existe un incumplimiento reiterado de la legalidad», concluye tanto el informe de la Intervención como otro de la Udef.

No es que únicamente se vulneraran los principios de publicidad y de transparencia -no se sacaron a concurso los servicios- sino que desde el primer momento «rebasó su capacidad presupuestaria» y se incurrió en presupuestos de gasto muy por encima de sus posibilidades, es decir, se realizaron inversiones siendo conocedores de que no podrían hacerles frente. «No había plan de viabilidad» y se operó «con absoluta vulneración de la normativa reguladora».

La policía llega a conclusiones similares. El patronato tenía un carácter meramente representativo, pero las decisiones se adoptaban en lo que se conoce como grupos de trabajo o comisiones. En las actas que resumen estos encuentros -precisamente lo que ha pedido la jueza- sí aparece la necesidad de unos pliegos para los concursos, pero no se hicieron. «En ninguna de las contrataciones constan las actuaciones administrativas formales que debe contener un expediente de contratación», recogen los agentes de la Udef. Por ejemplo, no hay informe de necesidad, ni del inicio del proceso, ni pliegos, ni los criterios de valoración de las ofertas, el acuerdo, la adjudicación...

Esta causa es un sumario diferente a otro asunto relacionado también con la visita del Pontífice, pero que sólo afecta a la contratación de las pantallas del evento, encargadas a una empresa para beneficiar a la trama Gürtel.