La jueza del Papa pregunta dónde vive Bonig para citarla como testigo

La instrucción de la causa de la visita del Papa continúa a buen ritmo. La jueza ha acordado las diligencias que solicitó en su día el fiscal Anticorrupción, entre las que se incluye la citación como testigo de la líder del PP, Isabel Bonig. La magistrada, en una providencia, ordena a la Policía Judicial que averigüe los domicilios de todas las testificales propuestas por el ministerio público para hacerles llegar la notificación. El fiscal quiere que la presidenta de los populares aclare su participación en este asunto. El responsable sostiene que Bonig fue la que intervino, como consellera de Infraestructuras y a su vez consejera delegada de Vaersa, para liberar a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias de un pago de más de medio millón de euros a la empresa pública Vaersa. Este es el argumento que utiliza para proponer la citación de la presidenta del Partido Popular.

Desde el Partido Popular ya explicaron que no fue una decisión personal de la dirigente popular sino que se acordó por un pleno del Consell. En aquel entonces, Alberto Fabra presidía la Generalitat. No obstante, resultará casi imposible que pueda esquivar esta comparecencia.

No es la única de las citaciones con cierto atractivo mediático. La jueza también convocará a Frances Gamero, actual secretario autonómico de Hacienda y persona de la máxima confianza de la vicepresidenta Mónica Oltra (fue su subsecretario hasta hace unas semanas). Gamero deberá prestar declaración si la juez lo acuerda como testigo ya que en la época en la que se negoció la visita del Papa a Valencia, él era el director del protectorado de fundaciones en la Conselleria de Justicia.

La jueza acuerda, por otra parte, la citación como investigado de Espinosa Bolaños, el que fuera exdirector de Vaersa y que ya ha estado investigado por otros asuntos relacionados con la empresa pública como la compra de todoterrenos o el pago de la productividad.

La discusión jurídica de este asunto, que podría abortar toda la investigación de raíz, se concentra ahora en la naturaleza de la fundación V Encuentro Mundial de las Familias. Son varias las periciales que sostienen que es de carácter privado y, por tanto, no habría causa penal porque no tendría la obligación de someterse a la Ley de Contratos del Sector Público. La Intervención de la Generalitat y la Udef, en cambio, defienden que es pública. Uno de los informes más valiosos para todas las defensas ha sido elaborado por un Abogado del Estado en excedencia. La jueza le ha convocado también para que detalle las conclusiones de su trabajo.

La providencia recoge la decisión de la jueza de rechazar la pericial que había propuesto la Generalitat de un informe a la Intervención General del Estado para que determinara si se produjo un perjuicio a la Administración. La instructora lo ha rechazado porque considera que excede esas competencias.

También se ha dado un impulso a otras diligencias de prueba. Por ejemplo, ha pedido a las empresas que fueron contratadas para el evento (Pavasal, Zenith, Acciona, Cavaltur y Fomento de Construcciones) para que designen a los responsables que intervinieron en aquellas operaciones.

Todos los investigados, entre ellos Francisco Camps y Víctor Campos, han declarado ya en el juzgado. También lo hizo el obispo auxiliar de Valencia. Todos defendieron que la fundación era privada y que las órdenes de contratación las daba el entonces arzobispo García-Gasco e incluso algunas indicaciones llegaban de la Santa Sede.