El juicio por los amaños del yonki del dinero en el Ayuntamiento de Valencia, aplazado un año por la falta de un magistrado de refuerzo

En concreto, los contratos investigados se centran en la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de Valencia como la Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad. También se refieren a determinados servicios de la edición del festival de cine de la Mostra.

Sin embargo, la falta de refuerzos ha obligado a la sección Quinta a retrasar la celebración de la vista. Y no se trata de un par de semanas sino de un retraso de todo un año. El juicio se celebrará a comienzos de 2026 cuando, en un principio, empezaba el próximo mes de febrero.

La Sala entiende que sin la llegada de ese compañero, la sección no puede mantener el ritmo habitual de señalamientos y «la actividad ordinaria» del órgano, entre las que se encuentran la resolución de recursos y las propias ejecutorias, tal y como ha informado Valenciaplaza.

Se trata de la primera ocasión en la que la Audiencia suspende un juicio de estas características por falta de medios humanos. Los tribunales de este órgano han celebrado recientemente el juicio del caso Erial (Eduardo Zaplana) las piezas 2 y 3 del caso Cooperación (Rafa Blasco) o más recientemente la vista por la financiación ilegal del PP de Valencia (Alfonso Grau) sin mayores contratiempos.

Además, el juicio de esta pieza apenas iba a durar una semana, desde el próximo 10 de enero. Nada comparable a las semanas e incluso meses de otros grandes procedimientos en la Ciudad de la Justicia. Habitualmente este tipo de megaprocesos se celebran en la Tirant lo Blanch, una sala especial de las dependencias judiciales.

Los investigados contra los que se dirige la causa son el que fuera empleado de la Fundación Jaume II el Just hasta su nombramiento como gerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, y cuatro representantes legales y/o apoderados de diferentes empresas adjudicatarias: Carlos V.G., Carlos T.H., Enrique A.Ch. y Rafael G.B. Todos ellos se enfrentan a tres años de prisión. Para Benavent, en cambio, se pide justo el doble.

Los informes periciales no han aportado evidencias de que los contratos fueran amañados, según se recoge a lo largo de la instrucción judicial. La principal prueba de cargo era el testimonio del exgerente de Imelsa Marcos Benavent que había reconocido las mordidas, aunque sin aportar demasiados detalles.

Sin embargo, hace años que cambió su estrategia y ahora ya no colabora con Anticorrupción. Todo lo contrario: busca la nulidad de todos los procedimientos. La Fiscalía mantiene que los responsables de las mercantiles pagaron comisiones por obtener estas obras. En la causa figuraba también como investigada la exedil María José Alcón, pero su responsabilidad penal se extinguió tras su fallecimiento.