A. G. R.
Martes, 10 de septiembre 2024, 00:11
El calendario judicial del próximo año arrancará con un juicio de un presunto caso de corrupción, el sumario que conecta la trama de Imelsa con el Ayuntamiento de Valencia en la etapa de Rita Barberá. Es la denominada pieza E, la causa relativa a las ... presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Cultura del citad Consistorio entre los años 2003 y 2007.
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La vista será breve. Nada comparado a los otros grandes procesos de esta pieza con procesos de varios meses de duración. El juicio se desarrollará durante una semana, según el calendario previsto. Comenzará el día 10 de enero y durante dos jornadas serán las cuestiones previas y la declaración de los acusados.
Los investigados contra los que se dirige la causa son el que fuera empleado de la Fundación Jaume II el Just hasta su nombramiento como gerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, y cuatro representantes legales y/o apoderados de diferentes empresas adjudicatarias: Carlos V.G., Carlos T.H., Enrique A.Ch. y Rafael G.B. Todos ellos se enfrentan a tres años de prisión. Para Benavent, en cambio, se pide justo el doble.
Los informes periciales no han aportado evidencias de que los contratos fueran amañados, según se recoge a lo largo de la instrucción judicial. La principal prueba de cargo era el testimonio del exgerente de Imelsa que había reconocido las mordidas, aunque sin aportar demasiados detalles. Sin embargo, hace años que cambió su estrategia y ahora ya no colabora con Anticorrupción. Todo lo contrario: busca la nulidad de todos los procedimientos. La Fiscalía mantiene que los responsables de las mercantiles pagaron comisiones por obtener estas obras. En la causa figuraba también como investigada la exedil María José Alcón, que se suicidó durante la investigación judicial.
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El juicio está previsto que finalice el próximo 19 de enero. El tribunal será el de la sección V de la Audiencia. La Fiscalía acusa por los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos. También aprecia un posible delito continuado de cohecho.
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