El juicio por corrupción aplazado un año por la Audiencia ya acumulaba otra parálisis de 17 meses en el juzgado

La sección Quinta de la Audiencia reclamó a la Sala de Gobierno del TSJ la necesidad de un magistrado de refuerzo para compaginar la celebración de la vista -apenas era una semana de juicio- con la actividad ordinaria de la sección, como la resolución de recursos y ejecutorias. La Sala de Gobierno, que dirige la intendencia y el modo de funcionamiento de los juzgados, negó el refuerzo.

En la respuesta a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, se reprocha el escaso tiempo para el que había solicitado el refuerzo -una semana no parece un tiempo inasumible- y que existía, además, «tiempo suficiente para proceder a la reorganización de la Sección». La decisión, que consistía en no trasladar la petición al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se adoptó por unanimidad. El siguiente paso de la presidenta, lejos de reorganizar el trabajo, ha sido suspender el juicio un año. No parece un desenlace óptimo para este aparente conflicto por una supuesta falta de medios.

El hecho en sí resulta grave y más en asuntos de esta naturaleza donde la sociedad demanda una respuesta rápida ante comportamientos que quiebran la confianza en las instituciones. Además de generar entre la ciudadanía la sensación de que con este retraso se favorece a determinados encausados por corrupción.

Pero el caso, además, ya tiene antecedentes en el apartado de las incomprensibles demoras. El primer auto de procesamiento, resolución que cierra la causa y aboca el asunto a juicio, se dictó en octubre de 2021. Al mes siguiente, la Fiscalía recurrió la decisión para incluir la actuación de Marcos Benavent y Vicente Burgos y el cobro de la remuneración desde la Fundación Jaume II el Just, unos hechos que iban a quedar al margen con la redacción inicial del auto.

Lo sorprendente se produjo a continuación. El silencio del juzgado se mantuvo hasta marzo de 2023 cuando el titular rechazó las alegaciones de la Fiscalía. Este lapso, de 17 meses, resulta incomprensible para dictar un auto de esas características. Fue entonces cuando el fiscal pudo recurrir la decisión a la Audiencia. La Sala le dio la razón en junio del 2023. Y la modificación del auto por parte del juez se registró en diciembre de ese año. Otros seis meses. La lentitud en la resolución resulta muy llamativa.

La pieza E es una de las investigaciones más endebles de todas las piezas de la causa de Imelsa. Los contratos investigados se centran en la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de Valencia como la Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad. También se refieren a determinados contratos de la edición del festival de cine de la Mostra.

Los acusados contra los que se dirige la causa son el que fuera empleado de la Fundación Jaume II el Just hasta su nombramiento como gerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, y cuatro representantes legales y/o apoderados de diferentes empresas adjudicatarias: Carlos V.G., Carlos T.H., Enrique A.Ch. y Rafael G.B. Todos ellos se enfrentan a tres años de prisión. Para Benavent, en cambio, se pide justo el doble.